Una promotora que ha entrado en concurso de acreedores, Promar Orzán, adeuda 180.0489 euros al Concello de Carral por un desarrollo que quedó inacabado. La empresa promovió la urbanización de la Unidad de Actuación número dos (UA 2), situada en el Alto do Castro, en San Esteban de Paleo, en la que es propietaria de más del 91% de las parcelas incluidas, por sistema de cooperación, que implica la participación del Ayuntamiento, además del propietario del 9% de los terrenos restantes. El PSOE de Carral preguntó ayer al Gobierno local por el estado de la reclamación y criticó que se prevea continuar con los desarrollos por el sistema de cooperación -como recoge le Plan General de Ordenación Municipal (PGOM)- en lugar de hacerlo por compensación, opción que evitaría que el Concello adelantase dinero.

El alcalde, José Luis Fernández Mouriño, explicó que se ha demandado a la empresa y aseguró que confía en recuperar lo invertido ya que la empresa "tiene patrimonio". El portavoz socialista, Pablo Couto, que preguntó por el asunto a raíz de un decreto de Alcaldía en el que se resuelve de mutuo acuerdo el contrato de obra con la empresa adjudicataria, Excavaciones y Obras Candal, preguntó al Gobierno local para qué había servido esa inversión del Concello, dado que la tercera parte de la ejecución proyectada quedó sin construir -uno de los dos edificios previstos no se hizo y otro quedó a medias-. El alcalde defendió que uno de los inmuebles sí se ejecutó y en el "viven 30 familias", lo que contribuye, apuntó, a atraer población al municipio.

Couto cuestionó que se vaya a conseguir recuperar lo invertido con el patrimonio de la empresa. Instó además a que futuros desarrollos se realicen por sistema de compensación e incidió en que el proyecto para la UA 2 viene de 2006.

La Corporación local aprobó por unanimidad la adhesión a la asociación de concellos del Camino Inglés, que releva al antiguo consorcio para ajustarse a la ley de bases de régimen local. El Gobierno local aprobó en solitario cuenta general de 2015 con la oposición en contra, que cuestionó la gestión del Ejecutivo carralés.

Los grupos apoyaron por unanimidad una moción de la plataforma de víctimas del Alvia para exigir que se cree una comisión parlamentaria que investigue el accidente de Angrois. El Gobierno local rechazó una propuesta de Asemblea Cidadá de Carral-Son para adherirse al proyecto Apego.gal, de promoción del gallego como lengua inicial. Mouriño lo vio innecesario y vio suficiente la labor de responsable de normalización lingüística.