El Concello de Betanzos sigue sin solventar las irregularidades que lastran el funcionamiento del hotel San Roque. El establecimiento hotelero continúa sin deparar ingresos al Concello, que pleitea desde hace casi dos años con la concesionaria para cobrar los 601 euros de renta anual que adeuda desde 2009.

El impago de este alquiler, más que módico, llevó al Ayuntamiento a interponer en mayo de 2015 una denuncia para exigir el desahucio. El juzgado ha aplazado la vista por tercera vez. A consulta de este diario, un portavoz municipal confirmó que todavía no ha percibido ningún ingreso en concepto de renta.

La comisión de investigación creada en 2013 a instancias del BNG para arrojar luz sobre las anomalías de la concesión tampoco ha dado demasiados frutos. Durante los últimos años, el Ejecutivo tomó declaración a distintos cargos implicados en el proceso, pero apenas han trascendido conclusiones. Tampoco medidas para revertir la situación de un hotel que en los últimos años ha pasado por distintas manos tras un embargo y dos pujas fallidas.

Pronto se cumplirán veinte años de la concesión del parking de Rosalía de Castro y el restaurante y el arrendamiento del antiguo asilo Manuel Naveira y el Concello no solo sigue sin recibir los beneficios previstos. El contrato, vinculado a la construcción del parking y la rehabilitación del emblemático edificio betanceiro diseñado por Rafael González Villar se vio lastrado desde el principio por incumplimientos, una gestión opaca y la ausencia de la debida vigilancia municipal. Un informe de la Secretaría municipal alertaba ya en 2014 de los "claros y reiterados incumplimientos", que atribuía a la "persistente y obsesiva intencionalidad del contratista de incumplir el contrato" y también al "abandono de la debida inspección de los servicios y actividades municipales por parte de todas las corporaciones actuantes".

Entre otras anomalías, el secretario municipal detallaba que el complejo abrió sus puertas sin la preceptiva licencia de apertura, sin depositar la fianza de obras, concesión y arrendamiento y que nunca llegó a pagar el canon anual por el alquiler. El funcionario proponía varias soluciones, entre ellas el inicio del expediente de resolución contractual. El habilitado nacional se decantaba aún así por llegar a un acuerdo con la concesionaria para evitar el pago de indemnizaciones.

El Ejecutivo se opuso este año de nuevo a una moción del BNG para iniciar los trámites de resolución del contrato a la vista que no se habían producido avances para regularizar la situación del complejo y el parking. Los nacionalistas criticaron el tiempo perdido y acusaron al Gobierno local de sortear medidas para depurar responsabilidades. El PSOE defendió otra vez la necesidad de actuar con "cautela" para evitar abocar al Concello a pagar indemnizaciones.