El ámbito de suelo urbano no consolidado donde se ubica el nuevo centro de salud de Vilarrodís lleva años inmerso en polémicas. Primero, por la inclusión por error de una vivienda habitada que tuvo que ser derribada y, después, por las quejas de los propietarios de los terrenos, que denunciaron en más de una ocasión irregularidades en el desarrollo de las obras de urbanización.
El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 4 de A Coruña ha dado ahora la razón a la propietaria mayoritaria, la promotora Construcciones Navila, y ha anulado los acuerdos de ejecución, liquidación definitiva y cobro de las cuotas de urbanización y también el que dio luz verde a una modificación del proyecto que, concluye el juez, carecía de justificación y se fundamentaba en "mera literatura". La sentencia no es firme.
El desarrollo de este ámbito se hizo por el sistema de cooperación, es decir, que el Concello contrataba las obras y repercutía después el coste a los propietarios, La promotora, que tiene licencia para ejecutar un edificio de ochenta viviendas, denunció diversas anomalías y "atropellos" durante la ejecución de los trabajos y presentó dos recursos que fueron desestimados.
El magistrado da la razón a la promotora y tumba las resoluciones del Gobierno local tras constatar cambios irregulares en el proyecto y que se certificaron los trabajos pese a estar inacabados. La sentencia deja en evidencia también las contradicciones entre los técnicos del Ayuntamiento, especialmente entre la ingeniera municipal y el arquitecto, que emitió un informe en el que sí constataba irregularidades. Uno de los acuerdos del Concello que le ha valido un tirón de orejas del juez fue aprobar un modificado del proyecto presentado por el director de obra y que, en opinión del magistrado, no aportaba razones de interés público.
La inejecución de un vial, el cambio de los materiales de parte del mobiliario y el pavimento por otros de peor calidad, la aprobación de un proyecto modificado y otro de obras complementarias sin el correspondiente visado son algunas de las anomalías que han llevado ahora al juzgado a anular los acuerdos del Gobierno local que desestimaron las alegaciones de la promotora. En concreto, los recursos contra la modificación del proyecto y las relativas al expediente de las obras de urbanización del ámbito, su ejecución y la liquidación definitiva de las cuotas. El juez declara nulos todos estos acuerdos por ser contrarios a derecho.
