"Miño tropieza dos veces con el mismo ladrillo", ironizaba hace unos meses una agrupación ecologista en alusión a Monte Piñeiro, la macrourbanización de setecientas viviendas proyectada por el Gobierno local en 2006, en un enclave de gran valor ecológico muy próximo a la marisma y los humedales. La afirmación de este colectivo parece corroborarla ahora Concello. El Ejecutivo ha encargado un informe sobre este desarrollo urbanístico que, admite, presenta una "problemática" que podría "comprometer" más su ya de por sí "delicada situación económica".
La gestión de este complejo es similar a la que amparó Costa Miño Golf, la urbanización que ha puesto al Concello contra las cuerdas al abocarle a pagar 21 millones a los expropiados tras la liquidación de la inmobiliaria. El Ejecutivo municipal se ha visto obligado a solicitar un préstamo de 12,5 millones de euros al Estado para pagar el principal de la deuda y no sabe todavía cómo hará para devolver los nueve restantes.
Con ese papelón sobre la mesa, el Concello encarga ahora una asesoría para que recomiende la "solución que sea más adecuada a los intereses municipales" y las opciones de las que dispone el Ayuntamiento para el desarrollo del sector R-3 Piñeiro. Este proyecto fue ideado antes de la crisis. En 2006 el Concello adjudicó a la UTE Odegal, Lucus Urban y Constantino Núñez la ejecución de este ámbito de 700 viviendas, zonas comerciales, aparcamientos y parques, proyectada a escasos metros de las playas y las marismas del río Baxoi. El Concello bautizó con el pomposo nombre de Nuevo Miño a este complejo urbanístico, descomunal para un municipio de solo cinco mil habitantes.
Al igual que ocurrió con Fadesa, los tribunales anularon el acuerdo y las empresas reclamaron la devolución del canon de 3 millones más intereses -que el Ejecutivo ya se había gastado en obras- y los gastos de elaboración del proyecto de expropiación, reparcelación, plan parcial y el estudio de impacto ambiental. La UTE reclamaba además una indemnización de 20,8 millones por la anulación del contrato.
A raíz de la anulación del acuerdo, el Gobierno local aprobó en 2012 el cambio de sistema de expropiación a cooperación y en 2013 firmó un nuevo convenio con las empresas para poder seguir adelante con la macrourbanización. El acuerdo estipulaba que debía presentarse el proyecto de reparcelación en el plazo máximo de un año.
El cambio de sistema al de cooperación prosperó con el voto de calidad del alcalde, Juan Maceiras, que se mostraba partidario en 2012 entonces de empezar "cuanto antes" las obras de urbanización para cobrar el 10% de aprovechamiento para pagar el aval de tres millones a la adjudicataria.
A pesar de que el estallido de la burbuja ya había dejado en los huesos parte de la macrourbanización de Costa Miño, el Gobierno local (PP) se mostró convencido de que la crisis no pasaría factura al nuevo desarrollo residencial. "Las viviendas se irán construyendo a un ritmo más lento, poco a poco, para que el mercado las vaya absorbiendo", argumentaba el regidor, que aplaudía el trabajo que generarían las obras.
Cuatro años después, las máquinas todavía no han entrado en Monte Piñeiro. El Ejecutivo admitía en 2012 que el Plan do Litoral podía afectar a este desarrollo. Es más, el popular Juan Maceiras incidía en la necesidad de comenzar los trabajos antes de que entrase en vigor el POL, que incluía el sector en el área de Mejora Ambiental y Paisajística. "Si se adapta al POL no podrá hacerse, porque se reduce la edificabilidad", argumentaba.
El plazo que estipulaba el nuevo convenio suscrito con la UTE caducó en 2014. El alcalde, ya Jesús Veiga (PP), sostuvo entonces que estudiaría "otras vías" para su ejecución. Unos meses después, el Ejecutivo llegaba a un acuerdo con la UTE para reducir el coste de la devolución del canon. El trato pasaba por saldar la deuda antes de 2020 y pasaba por reducir el principal a 2,4 millones (600.000 euros menos) y los intereses a 600.000 euros. Solo un mes después de este acuerdo trascendía que el Concello tramitaba una modificación del plan general para adaptar el sector de Monte Piñeiro al POL.
El Ejecutivo abogaba por mantener la elevada edificabilidad de 0,60 metros cuadrados por metro cuadrado y una densidad de 60 viviendas por hectárea -cinco veces más que la media de Miño-. y reubicar las áreas residenciales en las cotas bajas de Monte Piñeiro, más en contacto con el núcleo y los espacios libres y equipamientos en la zona central.
La maniobra del PP de Miño fue duramente criticada por PSOE, BNG y AGE, que llevaron el caso al Parlamento y denunciaron que el plan incumplía la ley de costas, dado que todo el sector estaba incluido en la zona de influencia de los 500 metros y disponía de mayor edificabilidad y densidad que todos los sectores de vivienda colectiva delimitados en el PGOM.
En su informe, la Xunta admitía el impacto del ámbito y manifestaba dudas sobre su sostenibilidad, pero sin cerrar las puertas a su ejecución. El actual alcalde, que siempre se mostró crítico con este desarrollo, quiere reducir la edificabilidad del sector. El contrato de 5.000 euros a un asesor para que recomiende cómo proceder ha despertado las críticas de la oposición, que critica que se adjudicase sin concurso al abogado personal del regidor.
