Árboles situados junto al río Mandeo en Os Ánxeles, en Betanzos, han sido talados en los primeros días de este mes. La zona donde se realizó la tala es la misma en la que se prevé construir un paseo junto al río que llegará al concello vecino de Coirós. El BNG, que impugnó el proyecto del paseo por carecer de consignación presupuestaria y prever obras en otro ayuntamiento, denuncia que operarios municipales hayan iniciado la tala cuando se proyecta encargar a una empresa la construcción de un paseo en esa zona, incluida en el área de protección de la Rede Natura. Los nacionalistas desconfían además de que el Gobierno local cuente con los permisos adecuados para los trabajos. Este diario intentó ayer sin éxito contactar con el Ejecutivo municipal.

"Lo que más llama la atención es que la tala de estas tullas está dentro del proyecto y presupuesto del paseo que el Gobierno local quiere construir en la zona. Si al final lo construyen, vamos a pagarle a una empresa por unos trabajos que, sin motivo, ya hicieron operarios municipales", señala el portavoz nacionalista, Henrique del Río. La formación explica que recibió avisos de vecinos de que en los primeros días de este mes operarios del servicio municipal de Emerxencias talaron ejemplares como tullas o sauces. El BNG sostiene que se trataba de árboles "sanos, al extremo de que en verano varias embarcaciones amarraban a ellos antes de zarpar hacia Os Caneiros" y ubicados en la misma superficie en que una empresa deberá, según los planes del Gobierno local, crear una senda.

La formación nacionalista asegura que pidió los correspondientes permisos de la Consellería de Medio Ambiente o de Augas de Galicia para la realización de los trabajos sin tener acceso a ellos. "Sospechamos que no hay nada, de ahí el secretismo, señala el BNG.

El BNG también espera que el Gobierno local le permita acceder a los informes de los funcionarios municipales que avalen el proyecto del paseo por la Rede Natura con obras en otro concello incluidas. El BNG asegura que espera desde hace dos semanas a que el Gobierno local le permita acceder a los documentos y sospecha que no existen.