El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, tras conocer la sentencia del Tribunal Supremo que confirma su condena a pagarle 30.000 euros a una jueza por atentar contra su honor al atribuirle intereses personales en mantener una causa abierta contra él, solo ha manifestado la necesidad de que los partidos políticos promuevan una "iniciativa legislativa" para "romper las perniciosas y tan humanas inercias corporativas", que consistiría en someter al juicio de un jurado popular y no de un juez, los pleitos en los que estén implicadas autoridades judiciales, como por ejemplo un juez.

García Seoane apunta así al corporativismo judical como la razón de que el Supremo confirmase la sentencia de la Audiencia Provincial, en un fallo que se ampara en una resolución judicial del Tribunal Constitucional que contó con dos votos particulares de dos prestigiosos magistrados, Andrés Ollero y Xiol Ríos. Esta sentencia a la que se refieren era un caso penal y la indemnización a la jueza se fijó en 3.000 euros.

"Con esto saldría ganando el principio de confianza que no se basa en la obediencia sino en el respeto y en la responsabilidad", declara Seoane en un comunicado. El regidor también confirma que la jueza, como propietaria de una finca en Oleiros, fue responsable de una infracción urbanística "durante el tiempo en que duró la instrucción" de la causa que ella llevaba contra él por irregularidades urbanísticas, aunque al final no se le aplicase sanción por dicha infracción porque subsanó la deficiencia. No confirmó si recurrirá o no resta sentencia del Supremo, que sería ante el Tribunal Constitucional.