El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, tras conocer la sentencia del Tribunal Supremo que confirma que debe pagarle 30.000 euros a una juez por atentar contra su honor al atribuirle intereses personales en mantener una causa abierta contra él, plantea que los partidos políticos promuevan una "iniciativa legislativa" para "romper las perniciosas y tan humanas inercias corporativas", que consistiría en someter al juicio de un jurado popular y no de un juez, los pleitos en los que estén implicadas autoridades judiciales. No confirmó si recurrirá el fallo.

Seoane apunta así al corporativismo judicial como la razón de que el Supremo confirmase la sentencia de la Audiencia Provincial, en un fallo que se ampara en una resolución del Tribunal Constitucional que contó con votos particulares de dos prestigiosos magistrados, Andrés Ollero y Xiol Ríos y en la que la indemnización a la juez se fijó en 3.000 euros.

"Con esto saldría ganando el principio de confianza que no se basa en la obediencia sino en el respeto y en la responsabilidad", declaró Seoane en un comunicado. Insiste en que la juez, como dueña de una finca en Oleiros, cometió una infracción urbanística "durante el tiempo en que duró la instrucción" de la causa que ella llevaba contra él, aunque luego resolvió la deficiencia.