El Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) acaba de fijar los porcentajes de reserva de suelo para construir vivienda protegida que regirán en Galicia durante este año. El porcentaje medio es de 5,55% frente al 4,71% de 2016. Solo tres municipios de la comarca mantendrán un porcentaje por encima de la media gallega: A Coruña (9,05%), Cambre (5,59%) y Culleredo (5,63%).

Las reservas que establece la Xunta solo son de aplicación para los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes siempre y cuando el plan general no recoja la previsión de nuevos desarrollos urbanísticos en suelos urbanos no consolidados o urbanizables que superen las trescientas viviendas. El IGVS fija cada año un porcentaje en función del número de personas inscritas en cada ayuntamiento en el Rexistro único de Demandantes de Vivenda.

El decreto que publicó ayer el Diario Oficial de Galicia puntualiza también que en el supuesto que de la aplicación de la fórmula para calcular el porcentaje de reserva total del concello resulte un porcentaje inferior a la media gallega será de aplicación esta última.

Salvo Cambre, Culleredo y A Coruña, todos los municipios del área se sitúan por debajo de la media gallega, que será el porcentaje aplicable (5,55%). Solo en Abegondo, Betanzos y Oleiros se reduce el porcentaje de reserva total para vivienda protegida. El ayuntamiento abegondés pasa de 1,97 en 2016 a 1,63 este año; el betanceiro, de 1,89 a 1,85 y el oleirense, de 2,80 a 2,48. El ayuntamiento que presenta un nivel más bajo es Carral, con solo el 0,81, un porcentaje con todo superior al de 2016 (0,65).

Los concellos no están obligados a fijar este mínimo que ordena la Xunta, que permite desde hace unos años a los municipios sortear la obligación de destinar a vivienda protegida el 30% de los nuevos desarrollos urbanos y adecuarse a alas necesidades reales que existen en el concello (que calcula n función del número de personas inscritas en cada ayuntamiento en el Rexistro único de Demandantes de Vivenda).

Aunque aplicar este porcentaje mínimo no es obligatorio, la mayor parte de los ayuntamientos han optado por reducir el máximo que establece la ley y rebajar las previsiones en base a los cálculos anuales del IGVS.