El PDSP, en su condición de acusación particular, ha reclamado en el juzgado diez años de inhabilitación para el exalcalde Ernesto Anido por un delito continuado de prevaricación administrativa en el caso de la coordinadora. La formación que lidera Ramón Rodríguez Ares reclama para la excoordinadora una pena de nueve años de inhabilitación, año y seis meses de prisión y una multa de 28.497 euros para la ya excoordinadora por un supuesto delito de tráfico de influencias y otro de prevaricación administrativa.

Su petición es superior a la de Fiscalía, que pide 9 años de inhabilitación para Anido y otros tantos para la excoordinadora y la devolución de lo ingresado por ella. En su escrito de acusación, la formación incide en que ambos "planificaron la contratación" y da cuenta de los correos que intercambiaron, entre ellos, aquellos en los que ella "indicaba los pasos a seguir al alcalde para que la cosa no cante mucho" y otro en el que decía: "las bases las redacto yo" o le pedía que pensase en "funcionarios de confianza para la comisión de valoración".