El Concello de Cambre recibió esta semana el fallo del Consello Consultivo en el que dispone que el contrato del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) con la UTE integrada por Arnaiz e IDOM está "extinto" al pasar seis años sin la entrega del documento correcto de planeamiento, afirma el ente municipal. El Gobierno local recuerda, además, que el periodo de cinco meses que le dio el anterior Ejecutivo municipal, del PP, "no figuraba en los pliegos de contratación y por tanto fue un error que le ha costado al Ayuntamiento un grave perjuicio".

El concejal de Urbanismo, Juan Leirós, apunta que "el Ejecutivo de Rivas debería haber resuelto el contrato en el momento en el que le concedió más plazo para presentar el documento, algo que no sirvió para que la empresa entrega el plan, ya que a día de hoy sigue sin presentarse". El Concello considera "zanjado", por tanto, el contrato con la empresa redactora a la que culpa del "periodo perdido en este último año y medio en el que sólo puso trabas para alargar este proceso de rescisión de contrato".

Leirós asegura que defenderá los intereses del Concello de Cambre "incluso en los ámbitos judiciales si fuera preciso por los daños ocasionados al municipio y a sus vecinos". El Gobierno municipal anuncia que "de inmediato comenzará el proceso de la nueva contratación", que espera resolver "este mismo año".

El Consultivo no se pronuncia sobre la solicitud de indemnización, la imposición de una multa y la incautación de la garantía depositada por la UTE que pretende llevar a cabo el Concello. La Junta de Gobierno local del pasado 21 de diciembre resolvió rescindir el contrato con la UTE redactora y notificarle que le concedía el plazo de diez días para presentar alegaciones contra esta decisión. También acordó advertirle de que si no las presenta o son rechazadas, la resolución del contrato por incumplimiento del plazo será firme, lo cual implicaría la incautación del aval bancario de 14.690 euros para responder del contrato, la fijación de una indemnización para el Ayuntamiento por daños y pérdidas de 1.268.005 euros y otros 16.641 euros por la multa de agosto de 2013 por un retraso, que podría cobrar ya por la vía de apremio.

Las tensiones con la UTE llevaron al Gobierno local a decidir remitir el caso al Consultivo el pasado mes de julio, cuando el PXOM acumulaba cuatro años de retraso.