SADA

La Xunta abre expediente sancionador a los Franco por impedir visitar el pazo de Meirás

Cultura inicia el proceso tras dar un plazo a los herederos del dictador para restablecer el servicio - Amagó con multar a la familia en 2015, pero al final archivó el procedimiento

21.03.2017 | 02:22
Primeras personas que visitaron el pazo de Meirás tras abrir al público en 2011.

Da el paso después de que la oposición presentase varias iniciativas en el Parlamento

La Consellería de Cultura ha abierto un expediente sancionador a los herederos del dictador Francisco Franco por impedir las visitas al pazo de Meirás, declarado Bien de Interés Cultural en 2011 y que por ley debe abrir al público al menos cuatro días al mes. La Xunta inició el expediente un mes después de que transcendiese que la familia del dictador mantenía inactivo el teléfono para reservar cita. "El número que usted ha marcado no corresponde a ningún cliente", era la maquinal respuesta que recibían las personas interesadas en conocer el monumento. Actualmente, la página de Turgalicia ya no facilita ni el número de contacto ni el correo electrónico de los responsables de gestionar las visitas, un cometido que asumía una empresa contratada por los propietarios. Los únicos datos que ofrece la Xunta en su portal son una fotografía del pazo y sus coordenadas.

El Gobierno gallego inicia el proceso sancionador tras fracasar en sus intentos de contactar vía telefónica o por correo electrónico con los responsables de gestionar las visitas al pazo de Meirás. La Consellería de Cultura advirtió por escrito hace unas semanas a los propietarios que se exponían a una sanción por incumplir su obligación legal de permitir la entrada a este monumento. A principios de mes, la Dirección Xeral de Patrimonio daba unas semanas de plazo a los herederos del dictador Francisco Franco para que restableciese el servicio antes "de aplicar las medidas previstas en el marco legal existente", en alusión a la Lei de Patrimonio, que establece multas de entre 300 y 6.000 euros por impedir la entrada a un BIC.

El Gobierno gallego informó ayer de la apertura del expediente, que comienza a tramitarse después de que PSOE, BNG y En Marea presentasen varias iniciativas en el Parlamento para exigir medidas ante las constantes trabas para visitar el monumento, regalado al dictador en 1938 tras ser adquirido mediante ventas forzadas, descuentos en nóminas de los funcionarios municipales y provinciales y emisión de bonos supuestamente de compra voluntaria.

Esta semana la comisión del Parlamento debatirá además la petición del PSdeG de organizar una visita de diputados al pazo en vista de los "constantes" obstáculos para acceder al monumento. El PP ha avanzado ya que no pondrá impedimentos a la petición, que es más que probable que quede aprobada por unanimidad.

No es la primera vez que la Xunta amaga con sancionar a los Franco. Las quejas por supuestos incumplimientos en el régimen de visitas llevaron a la Consellería de Cultura a abrir un expediente a los herederos del dictador hace ya un año. Según explicaron desde el departamento autonómico, el expediente se archivó porque el Concello de Sada -que había emitido la queja- aportó "escasas" protestas ciudadanas, que los gestores de las visitas achacaron a un problema puntual con el correo electrónico. La Xunta dio por buena la explicación de los encargados de gestionar las visitas, que sostuvieron que en ningún momento habían pretendido obstaculizar las visitas.

La versión que ofrecieron desde la empresa es diametralmente opuesta a la que mantiene el Concello de Sada, que en 2015 reclamó a la Xunta que le permitiese gestionar las visitas tras recibir numerosas quejas por las dificultades para reservar cita. El concejal de Turismo de Sada, Liss Becerra (BNG), reiteró ahora su petición.

La gestión de las visitas por parte de los Franco ha estado siempre en el punto de mira. Desde su apertura forzosa en 2011, las quejas por los problemas para reservar cita o los cierres en agosto con motivo del veraneo de la familia han sido reiteradas. Los problemas para visitar el monumento no fueron los únicos motivos de protesta. El Valedor do Pobo llegó a actuar de oficio tras la denuncia de un joven en silla de ruedas que afirmó que le habían impedido visitar los salones porque podía rayar el suelo. Su versión fue refrendada por las monitoras.

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