Han tenido que pasar cuatro gobiernos municipales para que los jueces dictasen un fallo que arrojase luz sobre la legalidad de un proceso convocado en 2006 y que ha mantenido más de una década en vilo a la plantilla de Sada. La demanda fue interpuesta por el entonces concejal del BNG Benedicto Álvarez. Su denuncia estuvo precedida de una dura campaña de los nacionalistas contra las condiciones estipuladas en un concurso que, entre otros extremos, valoraba desigualmente los servicios prestados en el Concello de Sada (0,25 por mes), en otros ayuntamientos (0,10) y en otra Administración (0,05).
El recurso pasó durante años por distintos juzgados, que finalmente se inhibieron a favor del Tribunal Superior. Una vez recibida la demanda, el TSXG desestimó hasta en dos ocasiones el recurso sin profundizar en los motivos alegados por el denunciante. La primera, en 2014, al entender que el recurrente había perdido su legitimidad al no formar parte ya de la Corporación. Este motivo fue rechazado por el Supremo que, en 2105, obligó al Superior a entrar en el fondo del asunto. En abril de ese año, el TSXG emitió una sentencia en la que solo abordaba parte de los argumentos del recurrente, en concreto las estipulaciones de las bases generales en relación a los funcionarios en interinidad y el personal laboral temporal. Los jueces no se pronunciaban sobre dos de los aspectos más polémicos: la valoración de la experiencia y la inclusión como personal laboral de plazas de funcionariado. El TSXG entró finalmente en el fondo tras presentar el recurrente una petición de aclaración y, cuando se cumplían diez años del concurso, anuló sus puntos más conflictivos.
