Tras dos años con el presupuesto prorrogado, el Gobierno local de Miño aprobó ayer en solitario las cuentas de 2017. El PSOE votó en contra del proyecto contable, que prevé unos ingresos de 6,2 millones y un gasto de 5.751.377 euros (los 500.000 euros de superávit son para la devolución del canon urbanístico de Monte Piñeiro).

El Gobierno local presumió de un "presupuesto social", fruto de una gestión "considerablemente buena" y con un "horizonte inmejorable" en materia de inversiones. "No hace falta ser economista para llevar adelante una buena gestión", se congratuló el alcalde, Ricardo Sánchez.

Poco más se habló de las cifras concretas del presupuesto. El debate giró en torno a la millonaria deuda de Fadesa y su escaso reflejo en el documento contable. El Ejecutivo defendió que el presupuesto solo tiene que recoger las previsiones a un año vista y que aún "no toca" aprobar el plan de ajuste. El PSOE acusó al Ejecutivo de practicar la "política del avestruz" al pasar de puntillas por el agujero de Fadesa, no reflejar la deuda en las cuentas y no prever tampoco medidas para garantizar el pago de la primera cuota del préstamo en 2018, de 1,7 millones. "El mundo no se acaba el 31 de diciembre de 2017", ironizó el socialista Manuel V. Faraldo.

Dos posturas antagónicas y una preocupación compartida. Todos los grupos admitieron el peso de una deuda que "pone en jaque" al Concello, en palabras del alcalde. El plan presupuestario a medio plazo que el Ayuntamiento ha remitido a Hacienda para los ejercicios 2017-2020 dibuja un escenario preocupante. El déficit rondaría los 1,7 millones en 2018 y 1,5 en 2019 y 2020. El alcalde admite en el informe que las previsiones "no recogen ingresos por importe suficiente para dar cobertura a este gasto debido a que la corporación aún estudia las medidas de saneamiento para garantizar la sostenibilidad financiera" del Concello.

La interventora municipal constató también ayer la difícil coyuntura a la que se enfrenta Miño. Aunque defendió que no tenía por qué hacer previsiones más allá del año de vigencia del presupuesto, la habilitada nacional incidió en la necesidad de hacer un plan de ajuste "por toda la vida del préstamo" y advirtió que la "sostenibilidad financiera" estaba "en peligro". "Para 2018 no está garantizada".

Gobierno y oposición discrepan sobre las medidas a adoptar y sobre la realidad que debe plasmarse en el presupuesto anual. El alcalde y sus socios del PP defendieron que no hay que reflejar los mecanismos para garantizar la devolución del préstamo de 12,5 millones de deuda principal ni dejar constancia del agujero económico del macroproyecto urbanístico, que podría rondar los 30 millones, según estimaciones del propio alcalde.

El Ejecutivo defendió que el presupuesto solo recoge las previsiones a un año vista y que las medidas a adoptar se plasmarán en un plan de ajuste que se aprobará "cuando haya datos reales" de ingresos y una vez que el Estado haya respondido a su solicitud de una prórroga en el plazo de devolución del préstamo, de 10 a 30 años. Ricardo Sánchez, que hizo una previsión optimista de cara a los años venideros y apeló a posibles ingresos extras por el IBI de las autopistas, por la revisión catastral de o por el cobro por el la utilización del dominio público por parte de las empresas suministradoras de luz y gas.

El Gobierno local defendió que ya había adoptado medidas "preventivas" de ahorro y presumió de un remanente de 750.000 euros. El regidor no dudó en tachar de "peregrinas", "anticipadas" y "draconianas" las medidas que puso sobre la mesa el anterior interventor en el momento de aprobar la solicitud de un préstamo de 12,5 millones. El funcionario, que defendió siempre que Miño solo debía solicitar un préstamo de seis millones, advirtió que esta carga obligaría a adoptar medidas "dolorosas", entre ellas, subida de impuestos (la del IBI hasta el 0,80), recortes en personal, ayudas y servicios. Este habilitado nacional defendió la pertinencia de aprobar el plan de ajuste cuanto antes al entender que Miño, con un presupuesto de seis millones, no tenía que esperar a la liquidación de las cuentas para constatar que aceptar un crédito de 12.500.0000 euros llevaría al Concello a incurrir en inestabilidad financiera.

El alcalde censuró las soluciones del anterior interventor y sostuvo al mismo tiempo que "gran parte de las sugerencias se habían tenido en cuenta". "Nosotros no vamos por la subida del IBI. Ustedes quieren subirlo y nosotros no", espetó el regidor al PSOE. Su negativa a subir impuestos choca con la postura de la secretaria municipal. "Lo más efectivo sería una subida impositiva porque si no los números no dan y las otras medidas pueden ayudar, pero no son suficientes", argumentó al ser consultada.

El PSOE acusó al bipartito de presentar unos presupuestos "cortoplacistas, irreales e irresponsables" y recordó que en 2018 no solo hay que pagar la primera cuota del crédito (de 1,7 millones), sino también 700.000 euros de la devolución del canon de Monte Piñeiro y 230.000 euros por la amortización de varios préstamos. "¿Van a esperar a diciembre para traer la solución mágica?", ironizó Manuel Faraldo, que acusó al Gobierno local de "llevar a Miño al borde del precipicio y acelerar". Los socialistas realizaron varias preguntas sobre la letra pequeña de las cuentas, entre ellas, por qué no figuraban los 150.000 euros correspondientes 1% pendiente de pago de las sentencias de los expropiados por qué se presupuestaban 70.000 euros más por la participación en los tributos del Estado de los que recogen las entregas a cuenta o si podría considerarse nulo el presupuesto por no pronunciarse sobre el objetivo de la deuda. La interventora desveló que los 150.000 euros breve a través de un modificado del presupuesto y atribuyó los 70.000 euros de más al cálculo en función de otros años que, de no cumplirse, podrían devolverse.

El PSOE no ocultó sus dudas sobre las conclusiones de la interventora. Sus palabras molestaron a la secretaria, que declaró su apoyo a la habilitada y a su antecesor en el puesto. En una rueda de prensa posterior, el Ejecutivo tachó de "mal gusto" que el PSOE cuestionase a los funcionarios. Al ser consultados por los motivos de sus ataques al anterior interventor, el popular Jesús Veiga se desmarcó de las críticas y Sánchez apeló al supuesto "perfil político" del funcionario.