Los plazos para resolver el serial jurídico-laboral del Concello de Sada se acortan y el nerviosismo del personal, tras una década en vilo, es más que palpable. El fallo del Supremo que inadmite el último recurso contra la sentencia que anuló las bases específicas de la oferta de empleo público aprobada en 2006, el cuadro de personal de 2005 y 2006 y la relación de puestos de trabajo en lo relativo a la inclusión como personal laboral fijo de los puestos de psicólogo, perito agrónomo, director de la Casa da Cultura, agente de desarrollo local y auxiliar de biblioteca amenaza con formar un polvorín laboral en Sada.

Solo queda por resolver un incidente de nulidad de las actuaciones que, según los expertos consultados, tiene pocos visos de prosperar y suele ser un trámite previo para acudir al Constitucional, un extremo que no paralizaría el proceso. El Supremo deberá remitir ahora las actuaciones al TSXG y reclamar al Concello su ejecución.

Los sindicatos con representación en el Concello de Sada se concentraron ya el pasado año para exigir que se mantuviesen los 62 puestos de trabajo amenazados por la sentencia. Fue su primera protesta contra el Gobierno local, a la que siguió recientemente otra para exigir la dimisión del concejal de Obras, Miguel Tenreiro, por los trabajos ejecutadas en San Mamede sin autorización.

Los dos asuntos salieron a relucir en el pleno y protagonizaron más de un momento de tensión. Fue el PP el que sacó a relucir ambos conflictos. "Tenía una gran oportunidad de aplicar una sentencia no amenazante, de sentarse con los trabajadores y llegar a un acuerdo" le afeó Ernesto Anido al Gobierno local, al que acusó de no negociar la RPT y de utilizar la sentencia "como moneda de cambio".

El alcalde, Benito Portela afirmó que se sentará a negociar cuando el TSXG notifique que hay que ejecutar el fallo y recordó que todavía tiene que resolverse antes el incidente de nulidad de las actuaciones. El regidor recordó a su antecesor que durante su mandato el Concello no había consultado con los trabajadores su decisión de no personarse en el recurso, un extremo en el que también incidió al PDSP y que Anido justificó en que "a esas alturas" ya no podía "contribuir a la defensa" de los trabajadores al no poder "aportar nuevas pruebas".

El PP aprovechó también el pleno para afearle al Gobierno la "chapuza" de San Mamede y exigir un informe a la Policía o el Seprona.