Dos meses después de que la Xunta devolviese al Concello de Sada el plan general por la existencia de una serie de deficiencias, el equipo redactor ha enmendado el documento, que recalará en pleno este mes para su aprobación provisional. Entre otros extremos, la Consellería de Medio Ambiente e Territorio condicionó la aprobación definitiva del primer plan general de Sada a la reducción de los desarrollos previstos en suelo de núcleo rural, especialmente en Veigue y Carnoedo, tras detectar que el documento extendía "artificialmente" los núcleos para abarcar "grandes superficies de suelo rústico".
El Gobierno local ha solicitado ya los informes técnicos y jurídicos pertinentes para llevar a pleno este mes el PGOM enmendado que, espera, recibirá el visto bueno autonómico. El Ejecutivo espera que el planeamiento entre en vigor "antes del verano". El Concello incide en la necesidad de agilizar los trámites para poder ejecutar obras que, a día de hoy, vulnerarían la normativa urbanística provisional. Entre los trabajos que precisan del PGOM, destaca la cubierta del patio de Sada y sus Contornos, una obra largamente demandada por la comunidad educativa y que está incluida en los presupuestos de 2017, aprobados inicialmente por el pleno el pasado jueves.
El Gobierno local destacaba ayer que la aprobación del plan general permitirá también comenzar a cubrir los parques infantiles públicos que estén incluidos en el sistema de espacios libres. "Se daría respuesta de este modo a una demanda histórica de los usuarios y usuarias de estos servicios, ya que hasta ahora la normativa de la ordenanza urbanística provisional no permitía su ejecución", recalcaban ayer desde el Ejecutivo municipal en un comunicado remitido a los medios.
El tripartito ha aprovechado también para realizar algún que otro cambio en el PGOM que no exigía la Xunta. El más relevante, la modificación de la ordenación propuesta para el pazo de Meirás.
El cambio estuvo precedido de una carta que el BNG remitió al alcalde, Benito Portela, en la que advertía que se reservaba el derecho a votar en contra del plan general si mantenía las previsiones del documento que habían aprobado provisionalmente meses antes, al entender que suponían el "repago por un expolio". Los tres grupos del Ejecutivo se reunieron y acordaron modificar el PGOM de cara a favorecer la devolución gratuita del monumento, una posibilidad supeditada a cambios en la ley de la memoria histórica (En Marea presentará una iniciativa al Parlamento para impulsar la modificación). El Gobierno local acordó también a reducir la estimación de los costes de la expropiación de los terrenos y la casa extramuros y añadirá también una disposición para que no se admitan cambios de uso en el pazo hasta la entrada en vigor del plan especial.
