La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar ha anulado el concurso para la regeneración de la playa de Sada que aprobó hace casi dos años, en vísperas de las elecciones municipales. El organismo estatal ha emitido una resolución en la que acuerda desistir del proceso por "una infracción no subsanable de las normas reguladoras del procedimiento" y en la que se compromete a "reiniciar de manera inmediata el procedimiento de licitación, abriendo un nuevo plazo para la presentación de ofertas" .

Costas justifica su decisión de desistir de este concurso en la "inseguridad jurídica" que rodea el proceso, que estuvo paralizado durante casi año y medio. El departamento estatal ha aprobado comenzar de nuevo el procedimiento de licitación de inmediato, con lo que garantiza los fondos, pero demora una vez más el inicio de las obras, que difícilmente podrán empezar este año, como se había comprometido.

Costas sacó a concurso las obras el 22 de mayo de 2015 por 2.468.594 euros. El 3 de septiembre de ese año procedió a abrir las ofertas económicas y excluyó la de 1,1 millones presentada por la empresa Dragados por considerarla "anormal y desproporcionada". Dragados recurrió su exclusión y el 17 de septiembre de 2015 presentó un escrito para justificar su oferta que no llegó a ser respondido. La Secretaría de Estado de Medio Ambiente admite que a partir de ese momento el expediente quedó "paralizado de facto", un parón que atribuye a la "inminente interinidad" en la que entraba el organismo estatal por la convocatoria de elecciones generales.

Costas argumenta ahora que no procede continuar con el procedimiento debido al "tiempo transcurrido (18 meses) desde que la mesa de contratación hubiera debido analizar los preceptivos informes y proponer adjudicatario" y dada la "inseguridad jurídica que podría generar su continuación tras haberse incumplido los plazos previstos por la legislación. "Se ha producido una infracción no subsanable de las normas reguladoras del procedimiento que imposibilita retomar el procedimiento en el punto en el que quedó paralizado", concluye.

El Estado resuelve reiniciar de manera inmediata la contratación, reconoce el derecho de los licitadores a reclamar los gastos en los que hubieran incurrido y da un plazo de un mes para presentar un recurso potestativo contra la resolución.