"Gracias, gracias, gracias. No por el dinero que me habéis dado, vecinos, sino por la inyección de moral tan grande que me habéis dado", declaró ayer el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, al anunciar que un total de 411 familias del municipio habían aportado dinero para juntar los 30.000 euros de indemnización que el regidor debe pagar a una juez tras la condena firme de los tribunales por intromisión en su honor, al dudar de su imparcialidad. Sumando intereses, lo que debía abonar García Seoane llegaba a los 31.964 euros.

La cuenta abierta por Alternativa dos Veciños en Abanca llegó a los 22.664,68 euros y García Seoane aseguró que él puso ya de su bolsillo los alrededor de 9.300 restantes. Agregó además que también pagará de su "fondo" las costas del pleito, los honorarios del abogado y del procurador de la juez que se querelló contra él, y que ascienden a 6.662 euros. El alcalde destacó que las tasas del abogado son elevadas porque también está colegiado en Madrid aunque ejerce en A Coruña y aplicó las tasas de la capital española. Seoane aseguró que va a agradecerle a estas 411 familias su gesto con "una carta personal" .

Alternativa, el partido, también ha agradecido a todos estos vecinos "su implicación" en la campaña en la que "además de apoyar a Gelo ante esta injusticia" también se intentaba "introducir cambios legislativos que permitan corregir las desigualdades existentes ante la ley y finalizar con el poder que tienen los miembros del estamento judicial sobre el resto de los ciudadanos".

Seoane anunció que recogería firmas además de reunirse con los responsables de los partidos políticos con representación en el Congreso para promover un cambio en la ley y que en los pleitos donde esté implicado un juez, sea un jurado el que decida y no otro juez para evitar cualquier "corporativismo".

El Supremo confirmó en febrero que Seoane debía indemnizar a la magistrada del Juzgado de Instrucción Número 5 de A Coruña por una intromisión ilegítima en su honor, después de que en 2012 el regidor declarase que la juez pudo incurrir en "posible prevaricación" por decretar el sobreseimiento provisional de una querella de 2006 contra él, en todos los supuestos delitos de los que se le acusaba menos en uno, negociación prohibida a funcionario, en contra del criterio del fiscal.