Alcaldes de ayuntamientos por los que discurre la autopista AP-9 iniciaron ayer el trabajo conjunto para reclamar el cobro íntegro del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por la infraestructura a la concesionaria, Audasa, que disfruta de una exención del 95% en este impuesto municipal. Quince de los 22 alcaldes convocados asistieron al encuentro en el Concello abegondés, donde un despacho de abogados especialista en la materia explicó que la estrategia más viable sería recurrir a la Comisión Europea y aseguró que podrían llegar a cobrarse cinco millones de euros al año entre todos los concellos afectados de la provincia coruñesa y que, además, habría la opción de reclamar con carácter retroactivo el cobro de los últimos diez años.

El encuentro sirvió como primera toma de contacto entre los concellos. A la cita acudieron mandatarios de quince ayuntamientos: Abegondo, Culleredo, Cambre, Oleiros, Betanzos, Ordes, Oroso, Ames, Teo, Ferrol, Cabanas, Pontedeume, Paderne, Bergondo y Miño. No pudieron asistir a la cita dirigentes de A Coruña, Santiago, Fene, Narón, Mesía, Padrón y Neda, explica el Ayuntamiento abegondés. Los concellos estudiarán ahora la propuesta para volver a a reunirse más adelante e iniciar el procedimiento. También asistió a la reunión el presidente de la Comisión de Fomento en el Senado y exalcalde de Lalín, José Crespo, quien animó a los concellos a luchar por su derecho y puso como ejemplo que Lalín, por donde pasa la AP-53, percibe más de 300.000 euros anuales del IBI, que unido a la tasa por líneas eléctricas y centrales eólicas alcanza el millón anual.

La exención del 95% del IBI de la AP-9 se aplica de acuerdo a una bonificación fiscal aprobada en una ley de 1972, aún en la dictadura, que seguirá vigente hasta 2023, explica el Concello de Abegondo. Desde 2002, las autopistas de peaje son consideradas por ley Bienes Inmuebles de Características Especiales (Bices). "No obstante, la exención perduró", añade.

La consultora -que asesoró a Arteixo en reclamaciones en las que el Ayuntamiento logró el aval de la justicia para cobrar por el uso del dominio público local por parte de las compañías eléctricas- defiende que "no puede existir una norma jurídica como ésta que contravenga los principios de los Tratados de la Unión Europea", señala Abegondo. " Y es lo que sucede con el principio de Autonomía Local. De hecho, desde 1990 las nuevas concesiones no gozan de este beneficio fiscal", apunta el Concello.

"La propuesta para lograr la eliminación de la exención consiste en denunciar ante la Comisión Europea a través de un recurso de incumplimiento, ya que España no ha corregido su actuación", precisa Abegondo. En una primera fase se revisaría la valoración catastral de la autopista en cada municipio, "que se estima puede ser errónea en muchos casos", y en una segunda se iniciaría la reclamación administrativa en Europa con el necesario informe jurídico. La consultora calcula que en conjunto los municipios de la provincia sumarían más de cinco millones de euros al año, de los que ahora solo reciben el 5%. Además, en este tipo de reclamaciones en Europa, la retroactividad es de diez años, lo que multiplicará por diez la cifra, señala el Concello.

En el caso de Abegondo, que alberga 20 kilómetros de autopista, con peajes y otras dependencias, el cobro ascendería a 595.000 euros al año, frente a los 29.771 euros que percibe actualmente.

Otro de los puntos tratados fue la posibilidad de reclamar una tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local por instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos.