El Gobierno gallego desveló durante un debate parlamentario que ha incoado un expediente sancionador por una infracción grave en materia medioambiental contra la maderera de Infesta a la que Fiscalía acusa de irregularidades en la gestión de residuos. El PP salió al paso de las críticas del BNG, que le echó en cara la falta de control sobre la actividad de esta empresa, declarada estratégica.

El diputado nacionalista Xosé Luis Rivas apeló a una sentencia por vertidos de hace más de una década, a la denuncia de Fiscalía por la quema de residuos tóxicos sin autorización desde hace años y a las condenas por incumplimientos laborales. "No estamos en contra de ninguna industria, pero sí estamos en contra del incumplimiento de la normativa laboral y ambiental", incidió el diputado.

Su petición de extremar los controles y hacer un mayor seguimiento de la actividad de la factoría fue apoyada por PSOE y En Marea, pero quedó rechazada por el voto en contra del PP, que alegó que ya realiza inspecciones periódicas. Los populares negaron que se trate de una "empresa mimada" del Gobierno, como denuncian los nacionalistas, y matizaron que la actividad de la maderera ha sido desarrollada en las últimas décadas por diversas empresas, entre ellas Tafiber y, posteriormente, Betanzos HB tras su compra por el grupo Sonae. El PP recalcó que su actividad ha sido objeto de cíclicas revisiones que se saldaron con hasta ocho expedientes sancionadores de Augas de Galicia por vertidos desde 2002. Según expuso la diputada Isabel Novo Fariña, las multas alcanzaron en total los 158.000 euros y fueron dirigidas contra Tafiber. La popular desveló que posteriormente inició un procedimiento contra Betanzos HB por el "ejercicio de actividades sin autorización" que constituían una infracción grave en materia ambiental. El procedimiento permanece paralizado a la espera de una resolución judicial.

La actividad de Betanzos HB -antes Tafiber o Tafisa- llega al Parlamento después de las reiteras quejas de los trabajadores por incumplimientos en materia laboral y tras la presentación de sendas denuncias por parte del fiscal por supuestos delitos ambientales y laborales. Dos juzgados de Betanzos investigan actualmente los hechos y, como ya informó este diario, han llamado a declarar a varios directivos que desempeñaron sus cargos con las distintas compañías.

No es la primera vez que la actividad de esta fábrica de Infesta llega al Parlamento. El BNG ya exigió hace años medidas tras las quejas vecinales por las emisiones. Esta formación ha sido la que ha reclamado con más insistencia medidas para evitar los vertidos y para velar por los derechos de los trabajadores. A nivel municipal, el PSOE se ha opuesto hasta ahora a las peticiones del BNG, entre ellas, la de personarse en la causa judicial.