Las grandes lonas que cubrían la basura del vertedero de Monticaño han dado paso a una zona verde. Eso es lo que puede ver cualquier vecino que se acerque a la zona. Una extensa capa vegetal cubre los depósitos de basura, entre los cuales hay materiales tan peligrosos como el amianto. La propietaria del basurero, Coacón (actualmente Cespa), ya ha completado el sellado tras la orden judicial que anuló la licencia de actividad del vertedero y obligó a ejecutar el sellado de los residuos allí depositados. La Justicia obligó al Concello y a Cespa a costear a partes iguales la regeneración de la escombrera.

Falta por ejecutar el proyecto de restauración. El Concello envió un escrito, con fecha de 18 de abril, al Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 3 de A Coruña para informar de que ha asignado a "una arquitecta superior" del Concello la redacción de un "plan especial de infraestructuras" para convertir el vertedero en un parque, según figura en la comunicación enviada por Ayuntamiento al juzgado.

La arquitecta municipal tiene de plazo hasta mayo para redactar el plan especial. El concejal de Urbanismo, Alberto Castro, señala que este plan "delimitará" los terrenos para hacer el parque en este lugar. "Se trata de habilitar usos", asegura. También indica que el documento solo afectará al suelo que ocupa el antiguo basurero de Monticaño.

Cespa ya elaboró y entregó al Concello el proyecto de restauración del vertedero. El coste de los trabajos asciende a 1,1 millones de euros. La obra incluye dos aparcamientos (uno en el acceso de Pastoriza y otro en Suevos), un anfiteatro al aire y una plaza para realizar actos públicos. El proyecto propone la creación de tres miradores para ver la zona de A Coruña y el puerto de punta Langosteira.

La ilegalización del vertedero de Monticaño parte de una denuncia de 2004 de la compañía Xiloga, que estaba dedicada a la gestión de residuos industriales. Esta empresa denunció al Concello de Arteixo y a la empresa gestora del basurero al entender que los permisos, tanto el de instalación como el posterior de ampliación, vulneraban la normativa urbanística en vigor.

El juez dio la razón a Xiloga al entender que la licencia que permitió crear la instalación fue concedida en 1998 para la "regeneración de los terrenos afectados por labores extractivas" y no para el depósito de residuos. El Concello intentó legalizar sin éxito las obras de ampliación con una modificación urbanística que fue rechazada por la Xunta.

La regeneración del vertedero se une al plan que tramita la Autoridad Portuaria de A Coruña con el fin de reclasificarlo como suelo rústico y permitir la ampliación de la zona como espacio de ocio y construir el centro de interpretación del castro de Cociñadoiro. Patrimonio reclamó a la Autoridad Portuaria que realizase prospecciones arqueológicas en la zona y cuestionó la ubicación escogida por el Puerto al ser un lugar con varias edificaciones ya existentes.