El exalcalde de Sada, Ernesto Anido, tendrá que sentarse en el banquillo acusado de cometer un delito de prevaricación administrativa continuada en el proceso de contratación de la coordinadora general. El Juzgado de Instrucción número 1 de Betanzos ha decretado la apertura de juicio al ver indicios de que el exregidor pudo haber amañado esta contratación con la ayuda de la aspirante seleccionada para cubrir el puesto.
Fiscalía pide para Ernesto Anido nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, una pena que la acusación particular, el PDSP, solicita elevar a diez. La ya excoordinadora, Belia Vellón, se enfrenta a cargos por prevaricación y tráfico de influencias. El Ministerio Público acusa a ambos de "actuar conjuntamente y con grave daño para el buen funcionamiento de la Administración" al "pergeñar el modo de lograr la contratación de la acusada".
La juez obliga a los dos acusados a abonar en el plazo de un día una fianza de 18.999 euros por el coste de esta contratación para las arcas públicas. En caso de no hacerlo, se enfrentarían al embargo de sus bienes.
El exregidor se ha dado de baja en el PP, pero se mantendrá como portavoz del grupo municipal. Fuentes del PP provincial argumentan que Anido ya solicitó la baja de militancia a principios de abril y que, dado que ya no está afiliado al partido, no procede la apertura de un expediente disciplinario. La dirección del PP no entra a analizar que continúe como portavoz del partido en Sada y descarga la responsabilidad de esta decisión en el grupo municipal. "Corresponde a los concejales elegir al portavoz", argumentan. Desde el PP provincial manifestaban su confianza en el exalcalde e incidían en que ya se han archivado cuatro denuncias contra él.
Consultado por este diario, Ernesto Anido aseguraba ayer tener "la conciencia muy tranquila". "Esto quedará en nada, como el resto de las denuncias del PDSP", auguró el exalcalde, que defendió nuevamente el proceso de contratación de la coordinadora y defendió que "solo pretendía modernizar la Administración".
La creación del puesto generó polémica y suspicacias desde el principio. La oposición cuestionó desde el primer momento la necesidad de este puesto, que tendría unos emolumentos de unos 70.000 euros. Fueron los exsocios de Anido, del PDSP, quienes pusieron los hechos en conocimiento de Fiscalía tras hacer públicos los correos electrónicos que intercambiaron el exalcalde y la persona elegida para cubrir la plaza. El Ministerio público considera que hay pruebas suficientes que indican que Anido "ideó" en connivencia con la acusada la modificación del Reglamento Orgánico y de la Relación de Puestos de Trabajo. Apunta que fue la aspirante al puesto la que redactó los textos, que el alcalde elevó a pleno "modificando tan solo la fecha".
El caso pasará ahora a un juzgado de lo penal que deberá fijar la fecha del juicio. El PDSP reclamó ayer la dimisión de Anido e instó al PP a "aplicar su código ético".
