MIÑO

Los jueces reconocen un 25% más por "daños morales" a expropiados de Fadesa

Los juzgados estiman cerca del 20% de las peticiones de una indemnización extra por la anulación del proyecto expropiatorio. Los magistrados discrepan a la hora de interpretar la ley. El Concello de Miño recurre en casación

27.05.2017 | 18:10
Viviendas inacabadas de la urbanización Costa Miño Golf.

Juzgados de lo contencioso administrativo de A Coruña han dictado varias sentencias en los últimos meses que, de adquirir firmeza, asestarían otro golpe al Concello de Miño por su gestión de la macrourbanización de Fadesa, que ha abierto un agujero en las arcas municipales que supera ya los 25 millones. Los jueces han reconocido a parte de los afectados por la construcción de Costa Miño Golf un 25% más del importe que le correspondía en concepto de justiprecio para resarcirles por la ocupación "ilegal" de sus terrenos, dado que el proyecto expropiatorio aprobado por el Ayuntamiento fue anulado por sentencia firme en 2013.

Alrededor de cincuenta expropiados han recurrido a la Justicia para lograr esta compensación extra. Según informó ayer su abogado, Jerónimo Escariz, alrededor del 20% de las reclamaciones han sido aceptadas. Otros juzgados, en cambio, han desestimado las demandas al entender que no procede a raíz de los cambios en la ley de expropiación forzosa de 2013, que imponen una serie de requisitos para obtener una compensación por una expropiación ilegal. Otras demandas fueron rechazadas porque fueron interpuestas por los herederos y los jueces consideran que los daños morales solo pueden ser reclamados por los propietarios originales de los terrenos.

El Concello de Miño ha interpuesto un recurso de casación contra las sentencias favorables a esta indemnización extra. Los expropiados a los que les ha sido denegada han abierto una nueva vía propuesta por la Justicia. "El juzgado nos ha abierto la puerta a pedirlo de otra manera y creemos que puede prosperar", explicó ayer su abogado, Jerónimo Escariz.

Los juzgados discrepan a la hora de interpretar la ley de expropiación forzosa a raíz de la disposición adicional aprobada por el Gobierno en 2013. Los jueces que han reconocido el 25% extra a los expropiados estiman que les corresponde los "daños morales" derivados de "sufrir en su patrimonio una actuación ilegal de la Administración". Este diario ha tenido acceso al fallo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de A Coruña, que basa el fallo a favor de la indemnización en la reiterada jurisprudencia que otorga un 25% extra de compensación a las víctimas de una expropiación ilegal que, como en este caso, ya no puede recuperar sus terrenos porque han sido transformados y ocupados por edificaciones o infraestructuras. El juez apela a diversa jurisprudencia que avala la compensación del 25% y alega varios motivos. De una parte la necesidad de resarcir a la víctima de una expropiación ilegal por los daños morales ocasionados. "Cuando la privación de un bien es ilegal, el interesado tiene derecho a su devolución, y si la Administración lo ha hecho imposible con su actuación, este quebranto debe ser debidamente indemnizado", argumenta. El magistrado apela también a la "función pedagógica o de prevención frente a la actuación de la Administración". "Si aceptásemos que para la Administración la carga que supone una expropiación ilegal es idéntica en cuanto a resarcimiento al propietario que la que comporta una expropiación conformada al ordenamiento vigente no aparecería ningún incentivo positivo para ese actuar conforme a la legalidad", incide el juez, que considera que el cambio en la ley de expropiación forzosa "no supone en absoluto la necesidad de abandonar la doctrina" que se aplicaba hasta ahora.

Otros juzgados han denegado, en cambio, esta indemnización extra a los expropiados de Costa Miño Golf por el cambio legislativo. Consideran que la disposición adicional que introdujo el Gobierno y que entró en vigor el vigor el 1 de enero de 2013 impone nuevos requisitos para obtener la indemnización y que solamente procederá cuando se acredite haber sufrido por esa causa un daño efectivo e indemnizare. Es decir, que el expropiado debe acreditar la existencia de un daño y, además, de una forma efectiva y evaluare. Expertos en derecho ya advirtieron en el momento de la aprobación de esta disposición que el objeto era liberar a la Administración de los costes adicionales por expropiaciones que no se ajustaban a derecho.

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