MIÑO

Guía para no perderse por el laberinto Fadesa

El "paraíso de sol y playa" promovido por Miño en plena fiebre del ladrillo amenaza la estabilidad de este pequeño municipio acuciado por las deudas

28.05.2017 | 01:46
Cartel de Costa Miño Golf y viviendas inacabadas al fondo.

El estallido de la burbuja inmobiliaria ha abierto un enorme agujero en las arcas municipales de Miño. Este pequeño ayuntamiento marinero se enfrenta a una deuda que quintuplica su presupuesto. Y que crece día a día. Los bancos tiran los precios para intentar deshacerse de los chalés del "paraíso de sol y playa" que promovió el Concello en plena fiebre del ladrillo.

Un repaso por la hemeroteca evidencia los pasos en falso en la construcción del "proyecto residencial único" impulsado por el PP en solitario. Un "sueño" que la crisis dejó a medias y que amenaza ahora con quebrantar las arcas de Miño.

E2001. Convenio urbanístico para la construcción de 1.200 viviendas, un hotel y campo de golf. El por entonces alcalde, Deogracias Romeu (PP), firmó en 2001 un convenio con Fadesa que le facultaba para la construcción de una urbanización de 1.200 viviendas, un hotel y un campo de golf. "Va a ser el motor del municipio", vaticinaba. Según este convenio, la promotora debía realizar las gestiones necesarias para adquirir los terrenos con ayuda de la asociación de vecinos, que por aquel entonces presidía el concejal del PP Juan Herva.

EVecinos denuncian presiones para vender sus tierras por debajo de su valor. Los propietarios de los terrenos afectados por la macrourbanización criticaron que el Concello recurriese al sistema de expropiación en lugar de constituir una junta de compensación que les habría permitido participar del desarrollo. No tardaron en denunciar presiones para vender sus tierras por debajo de su valor. "Nos dicen que tenemos que pensar en vivir del turismo y no de las vacas", relataba en 2001 la agrupación de afectados. Los vecinos se revolvieron contra la "flagrante injusticia" de permitir que se comprase el suelo como forestal antes de la aprobación del PGOM para después recalificarlo. "La ley permite recurrir a la expropiación si la empresa consigue el 51% de los terrenos. No es una amenaza, es información", replicaba en 2001 el edil Juan Herva en respuesta a las críticas de los propietarios.

EAdjudicado el concurso público, atado por un convenio anterior. El pleno aprobó en 2002 con los únicos votos del PP el pliego de cláusulas del concurso que ese mismo año ganó Fadesa.

E2004. Aprobado el proyecto de expropiación forzosa. Juan Maceiras renuncia a la promesa con la que se presentó a las elecciones e impulsa el proyecto de expropiación forzosa. El plan fue aprobado en Junta de Gobierno por solo dos concejales. Juan Maceiras y Manuel Rodríguez se ausentaron por tener terrenos en el sector y Eva Vilariño se abstuvo. Miño se convertía así en el primer concello gallego que recurría a la figura del "agente urbanizador" para expropiar por la vía forzosa casi un millón de metros cuadrados para una promoción urbanística privada.

EEl Ejecutivo desoye a la oposición y al Valedor do Pobo y se niega a reclamar avales a la empresa. A pesar de que los expropiados recurrieron al juzgado para exigir un "precio justo" por sus tierras, el Ejecutivo municipal evitó reclamar a la promotora que cumpliese el contrato y depositase los avales que garantizasen la diferencia entre el justiprecio reconocido y el que exigían los afectados. Y lo hizo pese a las reiteradas advertencias del PSOE sobre el riesgo de que el Concello tuviese que asumir el pago como responsable subsidiario. Y también del Valedor do Pobo, que recomendó sin éxito que se cubriese las espaldas. Solo cuando la constructora entró en concurso de acreedores, el Concello intentó conseguir los avales. Consiguió garantías valoradas en 7,5 millones que, según las estimaciones actuales del Consistorio, rondan ahora los tres millones.

E2006: La Justicia anula la adjudicación a Fadesa. Los tribunales aceptaron el recurso de la asociación de afectados y anularon la adjudicación a Fadesa. El Supremo ratificó el fallo en 2010.

E2010: Los jueces multiplican por cuatro el valor de los terrenos. El Tribunal Superior multiplicó por cuatro el valor del suelo: 25,90 euros el metro cuadrado en lugar de los 6,29 fijados por el Ayuntamiento. El Concello de Miño recurrió hasta el final para intentar reducir el importe. Sin éxito.

E2011: El Gobierno local readjudica en solitario la urbanización a Fadesa después de que superase el concurso de acreedores. "Es la mejor solución para todos", presumía Juan Maceiras, que daba por hecho que la constructora pagaría las expropiaciones. Un año después, la Justicia exigía un aval de 31 millones para garantizar el pago a los expropiados. El Concello intentó entonces rescindir el contrato con la empresa por no depositar las garantías, pero el Consultivo dictaminó en contra. La Justicia avaló en 2015 la readjudicación,

E2013: La burbuja estalla a Miño en la cara. La Justicia condena al Concello a asumir la deuda con los expropiados. Ya con Fadesa en proceso de liquidación y solo unos meses después de que el exalcalde Juan Maceiras renunciase al cargo anunciado que dejaba "todo resuelto", la Justicia condenó al Concello como responsable subsidiario a pagar a los expropiados. El PSOE hizo público el auto en un tenso pleno en el que exigió la dimisión en bloque del PP por provocar esta situación al no reclamar avales.

E Los jueces tumban el plan expropiatorio y abren la puerta a exigir un 25% más por "daños morales". La Justicia tumbó el proyecto expropiatorio en base a la anulación de la adjudicación a Fadesa, que dejaba a la promotora sin "título justificativo" para la ocupación. Juzgados de lo contencioso han admitido ahora parte de las reclamaciones de afectados y les han reconocido el derecho a un 25% más por "daños morales" derivados de haber sido privados de sus terrenos por una expropiación "ilegal".

E 2016. El juzgado rechaza reconocer a Miño acreedor preferente. Decidió excluirlo de la consideración de crédito contra la masa porque el contrato entre Concello y Martinsa-Fadesa que dio origen a esa obligación se firmó "con posterioridad a la declaración de concurso". El Concello ha recurrido ante el Supremo.

E El Concello acepta un crédito de 12,5 millones que no cubre ni el principal de la deuda, pero se resiste a elaborar un plan de ajuste. El Ejecutivo se resiste a aceptar las recomendaciones que hizo ya en 2015 Intervención de subir impuestos y fía la solución a una ampliación del plazo de devolución de 10 a 30 años.

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