La comisión de Cultura del Parlamento aprobó ayer por unanimidad una proposición no de ley del PSdeG para instar a la Xunta a que cumpla la ley y obligue a la familia Franco a abrir el pazo de Meirás durante agosto. La socia acusó al Gobierno gallego de consentir que a los herederos del dictador que cierren el Bien de Interés Cultural ese mes para disfrutar en la intimidad de sus vacaciones en As Torres.
La socialista Concepción Burgo hizo alusión a las reiteradas quejas por el cierre del pazo en agosto e instó a la Xunta a obligar a la familia Franco a cumplir la ley que obliga a abrir los BIC al público al menos cuatro días al mes. BNG y En Marea secundaron la proposición, que fue enmendada por los nacionalistas para exigir también al Gobierno gallego que adoptase las medidas necesarias para velar porque se respeta el régimen de visitas y se sancionase a los herederos del dictador en caso de incumplimiento.
Los tres grupos aprovecharon sus intervenciones para reclamar nuevamente la devolución del pazo de Meirás y criticar que "ochenta años después este bien robado durante el régimen fascista" siga en manos de los herederos del dictador, como destacó la nacionalista Olalla Rodil. PSOE, BNG y En Marea criticaron también que los Franco solo permitan visitar "el hall y dos estancias", que no pueda verse la Torre de la Quimera y lamentaron la información "patética" suministrada por los guías contratados por los propietarios del pazo.
El PP dio su apoyo a la proposición socialista ya que, incidió, se limita a pedir que se cumpla la ley. La formación recordó que fue su partido el que aprobó la ley de patrimonio que establece el régimen de visitas a los BIC y las sanciones por incumplimientos. Los populares esquivaron nuevamente el debate sobre la devolución del pazo de Meirás y defendió la procedencia de "mirar al futuro". El PP admitió que las visitas podrían ser mejorables y "que estaría bien poder acceder a la torre de la quimera" y defendió que han tomado medidas para instar a los Franco a cumplir sus obligaciones, en concreto, la apertura de un expediente tras recibir "tres denuncias formales" que podría derivar en una sanción de 6.000 euros, según avanzaron.
