El pleno de Miño dio luz verde ayer con la abstención del PSOE a la Relación de Puestos de Trabajo. La RPT ve la luz más de cinco años después de que un juzgado exigiese la elaboración de este documento clave en la organización de un Concello. Su aprobación dio pie a un bronco debate.
Los socialistas denunciaron la falta de concreción sobre el incremento del coste de personal que podría derivarse de esta RPT y manifestó sus dudas sobre su viabilidad dada la delicada situación económica del Concello, que deberá aprobar ya un plan de ajuste que garantice la devolución del préstamo de 12,5 millones que no da ni para cubrir el total de la deuda principal de los expropiados de Fadesa.
El socialista Manuel Vázquez Faraldo instó a dejar sobre la mesa la RPT hasta que se presentase el plan de ajuste para "no generar falsas expectativas" en los trabajadores. El portavoz del PSOE criticó que el informe jurídico, que aplaza a la entrada en vigor de la RPT, en 2018 el análisis "de la repercusión económica" de la Relación de Puestos de Trabajo.
Gobierno local y PSOE discreparon sobre el incremento de la subida y el alcalde, Ricardo Sánchez, defendió la necesidad de aprobar ya el documento y se negó a demorar su aprobación hasta que se presentase el plan económico financiero. El regidor acusó a los socialistas de adoptar una postura "paternalista" que no procedía e incidió en que la RPT ha sido avalada por todos los sindicatos del Concello. Ricardo Sánchez y el PP apelaron en sus respectivas intervenciones en la necesidad de contar cuanto antes con este documento para "limitar la discrecionalidad" y poner fin a salarios "deficientes y rígidas" y la "falta de justicia retributiva". El Ejecutivo municipal defendió que la amortización de plazas de policía y los cambios en el departamento de urbanismo permitirán
ORA estival
El Gobierno local aprobó en solitario los cambios en la ordenanza de la ORA. El Ejecutivo renuncia al pago fraccionado que había acordado implantar para cumplir la recomendación del Valedor do Pobo y mantendrá la tarifa única de cuatro euros por vehículo al día con independencia del tiempo de estacionamiento. El PSOE calificó de injusto el cambio y criticó la previsión de dotar de nuevas plazas a lo largo de la carretera de Praia Grande sin disponer de la autorización de la Diputación, titular de la vía.
El Gobierno local defendió que se trataba únicamente de una previsión, que se aplicaría una vez se pactase la cesión del tramo de la vía. La respuesta no convenció al PSOE, que exigió que se aplazase la inclusión de las más de cuatrocientas nuevas plazas hasta tener un estudio de costes de lo que supondría a Miño asumir el mantenimiento de ese tramo de la vía. El PP aseguró disponer ya de una estimación.
