Cerca de un centenar de personas recorrieron ayer las calles del centro de Sada contra el desahucio de un matrimonio de sexagenarios en paro y sin subsidio que tramita actualmente las ayudas de la Risga. Los manifestantes cargaron contra el Banco Popular, que ha alegado contra la suspensión temporal del lanzamiento dictaminada por el Juzgado de Betanzos.
En su escrito de alegación contra la moratoria concedida por el juzgado, el Popular se limita a decir que este caso no cumple los requisitos que establece la ley para reforzar la protección de los deudores hipotecarios ni los que establece el código de buenas prácticas, sin argumentar los motivos.
El colectivo Stop Desahucios acusa a la entidad de actuar "de mala fe" al negar a este matrimonio información sobre las medidas que prevé la ley para la suspensión de los lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables.
El activista de Stop Desahucios y abogado de esta familia, Antonio Vázquez, acusa a la entidad de incumplir el código de buenas prácticas y critica la actitud mantenida por los responsables del banco que, relata, les pidieron en una reunión que desconvocaran la protesta contra el desahucio para sentarse a negociar. Este abogado sostiene además que el matrimonio consultó verbalmente a la entidad sobre las posibilidades de optar a un alquiler social y que los responsables "les dijeron que primero entregasen la vivienda y que luego ya se vería".
El matrimonio afectado por este desahucio tuvo que cerrar la tienda de la que vivían hace unos años a consecuencia de la caída de ingresos por la crisis. Su hija explicaba ayer que ambos son autónomos, no disponen de subsidio y tramitan las ayudas de la Risga y culpa de la situación a la que se enfrentan sus padres a las "cláusulas abusivas" que impuso en el momento de renegociar las condiciones.
La joven califica de "límite" la situación de sus progenitores. Explica que sus padres se han visto obligados a recurrir a entidades benéficas como Cáritas para salir adelante. Con este matrimonio vive su hijo, de 28 años, también sin ingresos. "Si no se produce una moratoria, estarían en la calle", alerta la primogénita.
Coreando consignas como Nin casas sen xente, nin xente sen casa; alquiler social, derecho universal; nuestra crisis, su botín o sobran intereses, falta humanidade, cerca de un centenar de personas, entre ellos integrantes de En Marea y BNG y el alcalde de Sada, Benito Portela, recorrieron ayer las calles del centro para reclamar que se desestime la alegación interpuesta por el banco contra la moratoria aprobada por el juzgado y una negociación "justa" con los deudores.
