Secretaría e Intervención de Miño han emitido un informe conjunto en el que desvelan el contenido de la reunión mantenida el pasado 1 de junio con el Secretario de Estado de Hacienda para abordar las medidas que garanticen la devolución del préstamo de 12,5 millones concedido por el Estado para pagar a los expropiados de Fadesa.

El Ejecutivo municipal se había limitado hasta ahora a decir que en el encuentro se analizó la posibilidad de que el Estado ampliase el plazo de devolución de 10 a 30 años, pero el informe de las habilitadas nacionales revela que los responsables de Hacienda lanzaron más de una advertencia sobre los riesgos a los que se enfrentaba el Concello si no pagaba en plazo.

"La Secretaría de Estado informó sobre las medidas que adoptarían desde el Ministerio en el hipotético caso de que el ente local no adoptase medidas que permitiesen atender las obligaciones de pago derivadas del préstamo", recoge el informe, que detalla que "según las advertencias del organismo estatal, el concello experimentaría una retención máxima del 50% de su participación en los tributos del Estado a efectos de cubrir los conceptos impagados".

La posibilidad de que el Estado retenga este porcentaje de los ingresos está avalada por la ley de sostenibilidad financiera y la retención de una parte de la participación en los tributos del Estado no eximiría al Concello de su obligación de pagar la parte restante de la cuota. Para garantizar el pago, Hacienda instó a Miño durante la reunión a presentar un plan económico financiero 2017-2018 que permita corregir los objetivos de estabilidad presupuestaria y regla de gasto para el año en curso y el siguiente y un plan de saneamiento por toda la vida del préstamo, en concreto, de 2018 a 2025, por lo que, al menos inicialmente, no parece plantearse una ampliación del plazo de devolución. La conveniencia de elaborar un plan de ajuste que abarcase los diez años del préstamo había sido planteada ya por el anterior interventor, pero la propuesta fue rechazada por el Ejecutivo, que alegó que los concellos solo estaban obligados a aprobar un plan económico-financiero una vez constatado el déficit en la liquidación de las cuentas.

El informe de Secretaría e Intervención fue solicitado por el PSOE para aclarar los plazos para presentar el plan económico y los responsables de su incumplimiento . Las funcionarias desvelan ahora que el "plazo para presentar el plan económico financiero venció el 28 de mayo" y detallan que Alcaldía encargó la elaboración de una propuesta tras la liquidación de las cuentas. "Esta Intervención trabaja en el expediente desde esa fecha, estando su finalización pendiente de que el equipo de gobierno concrete las medidas a adoptar", revelan las funcionarias.

Las habilitadas detallan en su informe que ley de transparencia y buen gobierno incluye entre las infracciones muy graves la no presentación en plazo de un plan económico financiero y que, según la normativa, la Alcaldía es el órgano competente para presentar el documento a pleno. El informe conjunto de Secretaría e Intervención está fechado el 15 de junio. Cinco días después, en pleno, el alcalde anunció la celebración de un pleno el 17 de julio para aprobar el plan económico financiero.