El Concello de Sada ha dictado un decreto por el que suspende de empleo y sueldo durante 24 años y 165 días a una funcionaria del departamento de Hacienda a la que acusa de cometer 19 infracciones, concretamente ocho faltas muy graves y once graves de desobediencia a sus superiores, desconsideración y perturbación del servicio. El Ayuntamiento decretó el pasado 9 de junio su suspensión firme por un período de tres años por cada una de las ocho faltas graves (24 años) y de 15 días por cada una de las 11 faltas graves (165 días).
La resolución eleva a definitiva la suspensión provisional decretada anteriormente y el Concello ordena a la sancionada que devuelva las retribuciones percibidas durante ese período.
El decreto de cuatro páginas firmado por Alcaldía el pasado 9 de junio desgrana los hechos que derivaron en la apertura de un expediente disciplinario contra esta trabajadora, que recurrió todo el proceso y que ve en el expediente un acto de acoso y a una represalia por la denuncia que interpuso en el juzgado de lo social. Los instructores rechazaron sus alegaciones, que calificaron de "inconsistentes" e "infundadas".
Los hechos que le han valido el castigo se remontan a 2015. El Concello acusa a la funcionaria de desoír las órdenes de sus superiores en el departamento y también los mandatos del por entonces alcalde, Ernesto Anido. Según los hechos narrados en el decreto, la empleada se enfrentó en varias ocasiones al secretario y el interventor, respondió con "insolencia", se negó reiteradamente a cumplir sus funciones y generó "graves disfunciones en los servicios de Intervención por su trabajo anormalmente reducido".
El Concello sostiene también que la empleada intentó grabar en reiteradas ocasiones a sus superiores cuando le llamaban la atención y que "alteró" la labor en las dependencias municipales poniendo música "a un volumen tan alto que resultaba incompatible con la concentración necesaria para el trabajo".
La trabajadora ya había sido suspendida de empleo y sueldo en 2012, un castigo que fue avalado en aquella ocasión por la Justicia. La funcionaria ha denunciado sin éxito en varias ocasiones una situación de acoso laboral en su puesto de trabajo y recientemente llevó de nuevo su caso a los tribunales. En sus alegaciones, que fueron rechazadas, sostuvo que nunca desobedeció una orden, que siempre realizó las tareas que le eran encomendadas y criticó que nunca se le habían encargado funciones específicas, sino que se le otorgaban tareas en función de criterios "subjetivos" y no establecidos en la RPT. La empleada adujo además que la mayoría de los días sus superiores no le daban trabajo para imputarle después falta de rendimiento.
Todo apunta a que la suspensión acabará nuevamente en los juzgados, que dictaminarán si es ajustada o no a derecho. El Concello incide en que durante el proceso disciplinario se han seguido todas las prescripciones legales y que se ha actuado "con escrupuloso respeto a la presunción de inocencia".
