Casi un año después de aprobar el traspaso de la concesión del pabellón polideportivo, el Gobierno local de Betanzos encargará un informe jurídico que arroje luz sobre la viabilidad de gestionar directamente las instalaciones deportivas de O Carregal, una posibilidad que descartó en el momento de permitir y aprobar en pleno el cambio de concesionaria.
El Ejecutivo municipal anunció el pasado martes que analizará esta posibilidad al hilo de una moción de Betanzos Novo, que exigió medidas para garantizar el acceso de los clubes deportivos, la elaboración sin más demora del plan de deporte y de un estudio sobre la viabilidad de la remunicipalización.
Todos los grupos, salvo el PSOE, apelaron en sus respectivas intervenciones a los problemas que padecen los clubes para acceder al polideportivo por los nuevos usos y actividades impulsados por la concesionaria. El PP propuso sin éxito añadir una cláusula al pliego para garantizar el derecho de las entidades a utilizar las instalaciones. Su portavoz, José Ángel Rodríguez, desveló en la sesión plenaria que las dificultades actuales habían llevado a clubes como el Santo Domingo a plantearse realizar sus actividades en el municipio de Sada.
Betanzos Novo y BNG atribuyeron los problemas a la decisión del Concello de mantener privatizado el pabellón, dado que la empresa concesionaria está en su legítimo derecho de sacar la máxima rentabilidad a las instalaciones.
El Ejecutivo municipal negó que existan problemas de uso del pabellón por parte de los tres clubes deportivos. "Con el cambio de concesión no se vieron modificados los horarios", afirmó el concejal de Deportes, Andrés Hermida. El edil incidió en el incremento de abonados y actividades con la nueva concesión pero, pese a todo, anunció el apoyo de su partido a la moción de Betanzos Novo.
El alcalde, Ramón García, puso en cuestión las evidencias en las que se sustentaban las críticas de la oposición. "Me sorprende oír que se hable aquí de un temor, aquí hay que hablar de realidades. En el próximo pleno se va a traer un informe del técnico competente sobre la situación que se detecte y también uno jurídico sobre las posibilidades de remunicipalización", avanzó.
El posible rescate de este servicio sale a relucir de nuevo en pleno sin que se haya aclarado aún el cumplimiento por parte de la actual concesionaria de las condiciones impuestas para el traspaso. Después de que una auditoría destapase que la anterior gestora había incumplido el pliego al no ejecutar parte de las mejoras ofertadas, el Ayuntamiento supeditó el traspaso del contrato a una serie de condiciones. En concreto, que la nueva gestora presentase un aval de 116.083 euros por el 100% de las mejoras incluidas en el pliego de condiciones y que la concesionaria saliente no llegó a ejecutar. El Ejecutivo fijó cronograma para ejecutar las mejoras pendientes. Las "más prioritarias", valoradas en 53,735 euros, deberán acometerse en un plazo de tres meses y el resto, que ascienden a 62.347 euros, deberán realizarse en un período máximo de nueve meses, según recoge el acta incluida en el expediente de cesión.
Según los informes que se sometieron a debate en la junta de gobierno celebrada el pasado 27 de abril, varias de las mejoras comprometidas no habían sido ejecutadas. El equipo de gobierno acordó requerir a la concesionaria que justificase el cumplimiento de las mejoras prioritarias y advertía de que, en el supuesto de no hacerlo, incoaría un expediente de imposición de penalidades.
