El residente en el partido judicial de Betanzos al que le incautaron en junio de 2016 en su teléfono móvil 823 imágenes de menores desnudos y vídeos de contenido sexual explícito de niños se sentó ayer en el banquillo de los acusados de la sección primera de la Audiencia Provincial, con sede en la Fábrica de Tabacos. El representante del Ministerio público subraya en su informe que el acusado grabó un vídeo y tomó fotografías cuando le desabrochó el pañal a su hija e intentó violarla. Las imágenes, siempre según la acusación, se las envió a una mujer -contra la que se sigue una causa penal diferente- con la que se intercambiaba archivos con contenido sexual de niños.

Durante la vista, que se celebró a puerta cerrada para proteger la identidad de los menores, el sospechoso admitió ser autor de un delito de tenencia de pornografía infantil, pero se negó a responder a las preguntas relacionadas con el presunto intento de violación a su hija, un bebé de 13 meses.

Al término de la vista, la Fiscalía mantuvo en su alegato final su petición de condena de 15 años de cárcel y el abono de una indemnización a su hija de 100.000 euros, mientras que la abogada defensora solicitó cinco años de prisión. El representante del Ministerio público también exige al tribunal que le imponga ocho años de prohibición de ejercer la patria potestad; 24 años de prohibición de comunicarse y aproximarse a su hija y 14 de libertad vigilada; y 23 años de inhabilitación para cualquier profesión que conlleve contacto con menores. Además, advierte del "alto riesgo de reiteración delictiva", por lo que demanda a los jueces que acuerden la toma de muestras biológicas del acusado y la realización de análisis para obtener su ADN e inscribirlo en la base de datos policial. El vecino del partido judicial de Betanzos ya fue identificado en 2011 por la Policía Local porque acudía diariamente a un pabellón y se masturbaba mientras veía a los niños jugar; y, en 2015, fue detenido por posesión de pornografía infantil.

La investigación arrancó a principios de 2016, cuando la unidad tecnológica de la Policía Judicial de Madrid recibió documentación a través de la Embajada de Estados Unidos procedente de una ONG americana que acreditaba el envío desde el teléfono móvil del acusado de "fotografías con niños que participaban en conductas sexualmente explícitas", según señala el fiscal en su escrito de calificación, en el que transcribe algunas de las conversaciones que supuestamente mantuvo el procesado a través de su ordenador portátil con otros pederastas. En una de ellas, con fecha de diciembre de 2015, un usuario le pregunta abiertamente si ya había violado a "su niña", nacida ese mismo año, ante lo que responde: "Aún no". El presunto intento de agredir sexualmente al bebé sucedió en mayo de 2016 a las diez de la mañana, según el fiscal.