Alcaldes y representantes de los gobiernos locales de los concellos de la provincia que cuentan con conservatorios de música, entre ellos Culleredo, exigirán a la Xunta que asuma las competencias en los centros de enseñanza musical reglada. En una reunión celebrada ayer en la Diputación con la vicepresidenta y responsable provincial de Cultura, Goretti Sanmartín, para estudiar la situación de los centros de enseñanza musical profesional. En el encuentro, responsables de Culleredo, Arzúa, Carballo, Melide, Noia y Ponteareas y la mandataria provincial acordaron pedir una mesa de negociación con la Xunta para exigir que asuma la financiación de los centros.
El alcalde cullerdense, Julio Sacristán, y la edil de Educación, Carmen Varela, acordaron con los demás responsables locales y Sanmartín iniciar contactos con las cuatro diputaciones gallegas para abrir un canal de comunicación de cara a solicitar formalmente a la Xunta una reunión de trabajo, en la que le pedirán comenzar el proceso de integración de los conservatorios en una red de centros financiados desde la Administración gallega, "quien tiene las competencias en materia de formación", señalan. Los conservatorios "exceden las posibilidades de financiación de los propios concellos y las familias padecen, además, un agravio comparativo discriminatorio con respecto al alumnado de los conservatorios dependientes de la Consellería de Cultura, Educación e Orientación Universitaria", señala la Diputación.
Reclaman "que la Xunta asuma las competencias con una planificación razonable para ejecutar su transferencia". Los ayuntamientos recuerdan que no tienen competencia sobre las enseñanzas musicales regladas y que "con la normativa vigente, queda claro que es la Xunta quien tiene que ejercerla para regular y proporcionar formación artística reglada sin discriminación por razón de residencia". Señalan que la Xunta "solo se encarga directamente en las siete ciudades" de la enseñanza musical. Reclaman que la Xunta asuma la transferencia y financiación de estos centros para garantizar su viabilidad, ya que suponen "un esfuerzo gigantesco" a los ayuntamientos.
