La exalcaldesa de Betanzos y exdiputada del PP María Faraldo, que será juzgada en febrero por las presuntas irregularidades detectadas en la contratación de un trabajador del Conservatorio de Música de Betanzos en 2009, defiende la legalidad de la relación que tenía el trabajador con el Ayuntamiento. La exregidora subraya que este tipo de contrataciones de prestación de servicios, en las que los maestros facturaban como autónomos, eran "habituales" antes de su llegada a la Alcaldía. De hecho, recalca que se habían realizado "al menos en 15 ocasiones anteriores" y que, durante su mandato, solo se practicó esta fórmula en la ocasión que fue investigada.

Faraldo sostiene que el Concello contrató a otros profesores de la escuela de folclore, del conservatorio y de la guardería, "incluso a policías locales", mediante la misma fórmula antes de que ella tomase el bastón de mando. La Fiscalía la acusa de cometer un delito de tráfico de influencias y otros continuados de falsedad en documento oficial y mercantil. El caso provocó la dimisión de la diputada del grupo popular en julio de 2014 después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) la procesase por la "eventual comisión de los delitos de prevaricación administrativa y falsedad en documento oficial y mercantil" por la contratación del profesor por un "concepto irreal" para "satisfacer las pretensiones del director" del centro. El responsable de la escuela de música y el maestro también serán juzgados junto a la exalcaldesa.

El TSXG comenzó la instrucción de la causa porque Faraldo tenía la condición de aforada, pero al dejar su puesto en el Parlamento gallego perdió ese privilegio, por lo que el TSXG derivó su caso al Juzgado de Instrucción número 3 de Betanzos. La investigación concluyó y la Audiencia Provincial de A Coruña comunicó el pasado miércoles la fecha del juicio. La vista se celebrará los días 6, 7 y 8 de febrero de 2018 en el edificio judicial de la antigua Fábrica de Tabacos.

Una de las pruebas en las que se basa la acusación es en la declaración del secretario, quien testificó que le había advertido a la alcaldesa de la imposibilidad jurídica de incorporar en términos laborales a un nuevo profesor de música por no existir plaza vacante ni presupuesto. "Han tenido en cuenta su palabra en el juzgado porque es el secretario del Concello, pero todo el mundo sabía la enemistad manifiesta que tenía conmigo, es del PSOE total y absolutamente. Declaró que me dijo verbalmente que esa contratación no se podía hacer y eso es mentira", insiste la acusada, al tiempo que destaca que las facturas que cobró el profesor carecen de reparo de intervención o de secretaría.

"¿Cómo un hombre está cobrando facturas nueve meses sin ningún tipo de reparo y luego aparece este problema. Apareció justo antes de las elecciones municipales y lo genera él [en referencia al secretario]", indica. "Me tuvo siempre bajo una lupa. No me cogió en nada porque yo sacaba todo a concurso. A final de legislatura decide decirle al PSOE que presente una moción sobre el tipo de contratos del personal del Ayuntamiento. Presentaron la moción e informa de que esta persona está prestando servicios indebidos", cuenta la exalcaldesa, quien defiende que la "actividad fundamental" del profesor era reparar y afinar instrumentos musicales, tal y como figuraba en su contrato. "Se le paga por unos servicios que realizaba, ahora, que el director luego lo puso también a dar clase, eso es verdad", admite.