La Fiscalía reclama que la exalcaldesa de Betanzos y exdiputada autonómica del PP, María Faraldo, sea condenada a cuatro años y medio de cárcel, al pago de una multa de 5.760 euros y a cuatro años de inhabilitación para empleo o cargo público. La Fiscalía le imputa un delito continuado de falsedad en documento oficial y mercantil en concurso con un delito de prevaricación administrativa por la contratación de un profesor del Conservatorio de Música de Betanzos en 2009.

El caso provocó la dimisión de la diputada del grupo popular en julio de 2014, después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) la procesase por la contratación de un maestro por un "concepto irreal" -reparador y afinador de instrumentos musicales- para "satisfacer las pretensiones del director" del centro. El responsable de la escuela de música y el maestro también serán juzgados junto a la exalcaldesa. Para el profesor contratado la Fiscalía reclama una condena de 21 meses de prisión y el pago de una multa de 3.600 euros, mientras que para el director de la escuela exige tres años y medio de cárcel, siete de inhabilitación para empleo o cargo público y una multa de 5.960 euros.

Aunque la instrucción comenzó en el TSXG porque Faraldo tenía condición de aforada, una vez que dejó su puesto en el Parlamento gallego, el caso fue derivado al Juzgado de Instrucción número 3 de Betanzos. Tras el cierre de la investigación, la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en la Fábrica de Tabacos, señaló este mes la fecha del juicio: 6, 7 y 8 de febrero de 2018. La exalcaldesa defiende la legalidad de la relación que tenía el trabajador, que había sido alumno del director del conservatorio, con el Concello. Faraldo subraya que este tipo de contrataciones de prestación de servicios, en las que los maestros facturaban como autónomos, eran "habituales" antes de su llegada a la Alcaldía. De hecho, recalca que se habían realizado "al menos en 15 ocasiones anteriores" y que, durante su mandato, solo se practicó esta fórmula en la ocasión que fue investigada.

Una de las pruebas en las que se basa la acusación es en la declaración del secretario del Ayuntamiento, quien testificó que le había advertido a la alcaldesa de la imposibilidad jurídica de incorporar en términos laborales a un nuevo profesor de música por no existir plaza vacante ni presupuesto. "Han tenido en cuenta su palabra en el juzgado porque es el secretario del Concello, pero todo el mundo sabía la enemistad manifiesta que tenía conmigo, es del PSOE total y absolutamente. Declaró que me dijo verbalmente que esa contratación no se podía hacer y eso es mentira", denuncia la acusada, al tiempo que destaca que las facturas que cobró el profesor carecen de reparo de intervención o de secretaría.

Faraldo defiende que la "actividad fundamental" del profesor era reparar y afinar instrumentos musicales, tal y como figuraba en su contrato. "Se le pagaba por unos servicios que realizaba, ahora, que el director luego lo puso también a dar clase, eso es verdad", admite la exalcaldesa.