"Que la interventora diga si estas medidas que estamos aprobando son suficientes para que el Concello pague toda su deuda", instó el portavoz socialista de Miño, Manuel Faraldo. Y la funcionaria municipal respondió: "Con la situación de la deuda actual, las medidas claramente no son suficientes". El edil socialista añadió: "Que la secretaria municipal diga quién es el responsable si esto no se cumple". Y la secretaria expuso que "es el alcalde", según la legislación, aunque quedó en ratificarlo.

El pleno de Miño aprobó ayer, con los únicos votos a favor del Gobierno local, el Plan Económico Financiero (PEF) 2017-2018, al que está obligado después de incumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria, tener un exceso de gasto y del límite de deuda, por liquidar el presupuesto de 2016 con un ahorro negativo. Ese resultado se debió a la deuda que tiene que pagar hasta 2025 al Estado, para devolverle el crédito de 12,5 millones que le dio para afrontar las indemnizaciones a los expropiados de Miño (sin contar la deuda de tres millones que tiene que pagar a la UTE de Piñeiro). La interventora municipal confirmó así en el mismo pleno que el PEF aprobado no será suficiente para poder hacer frente a toda esta deuda.

Este plan económico incluye medidas como la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) urbanos un 20%, del 0,50 actual al 0,60; la subida de la tasa de basura, ahora con 10 euros más al año (el servicio tiene déficit); la amortización de plazas vacantes (jubilaciones que no se cubrirán y otros), la reducción del importe de las subvenciones a entidades y asociaciones (8.000 euros menos), la revisión de colaboraciones con entidades para organizar eventos, y la revisión de todas las viviendas para ver las que están conectadas y las que no al alcantarillado. También se trasladarán las oficinas de Servicios Sociales desde Rabazal a la Casa Consistorial y se pedirá a la Xunta que asuma el coste del juzgado de paz.

El alcalde, Ricardo Sánchez Oroza, también anunció que se reducirán las frecuencias del servicio de transporte de los vecinos al centro de salud para ahorrar unos 14.244 euros al año.

Aunque la interventora admitió en el pleno que este con estas subidas de impuestos y tasas y otras medidas del PEF no es suficiente, en su informe sobre este plan afirma que "cumple" en contenido y forma aunque respecto a las previsiones de ingresos por subidas de impuestos considera que habría que "verificar que se encuentran suficientemente fundadas" y otras medidas como la revisión catastral no dependen del Concello. Apunta que sí se podrá cumplir la estabilidad financiera y regla de gasto pero no el límite de deuda en los próximos años.

El alcalde destacó que esta situación económica de Miño se debe a que el concello fue "víctima de la especulación urbanística" y criticó que le pagasen "casi 26 euros por metro cuadrado" de monte a los expropiados. Defendió que este PEF "garantizará la viabilidad de la institución para los próximos dos años" y aseguró que aunque se sube el IBI y la basura, hay concellos en la comarca que los tienen más altos (como el Consorcio As Mariñas con la basura).

El PSOE criticó que las medidas del plan económico aprobado son "insuficientes" y que este plan está elaborado solo hasta 2018 porque después ya vienen las elecciones municipales y será la nueva Corporación la que cargue con la responsabilidad. Acusó al Gobierno de "ocultar" más deuda y criticó que no se aprobase un plan de saneamiento.

El BNG, en un comunicado de ayer, afirmó que subir impuestos es justo lo que el Ejecutivo dijo que nunca subiría y supone "la impunidad para los estafadores e impuestos y recortes para el pueblo".