SADA

Diputación, Universidad, entidades y concellos, en una Junta Pro Devolución del pazo de Meirás

El objetivo es que el inmueble sea público y dedicado a la memoria histórica - Sada convoca pleno el sábado para reclamar a la Xunta la gestión de las visitas

10.08.2017 | 13:41
Constitución, ayer, de la Junta Pro Devolución del pazo de Meirás, con el alcalde de Sada a la izquierda.

Representantes de la Diputación provincial, los concellos de Sada y A Coruña, la Universidad y asociaciones y colectivos de Memoria Histórica, acordaron ayer en una reunión crear una Junta Pro Devolución del pazo de Meirás, en oposición a la Junta Pro Pazo del Caudillo que se constituyó en 1937, encabezada por autoridades y empresarios como Barrié de la Maza para indicar a los ayuntamientos cómo tenían que hacer para que todos los vecinos aportasen para ofrecerle este inmueble al dictador Francisco Franco.

El organismo provincial que convocó el encuentro ha mostrado su "apoyo a la demanda del Concello de Sada", en su convocatoria del pleno para el sábado con el fin de instar a la Xunta que le deje gestionar las visitas al pazo. También se acordó crear "con carácter inmediato" esta Junta Pro Devolución el Pazo al patrimonio público, a la que quieren que se sumen instituciones, asociaciones, organizaciones políticas, sociales, sindicales y fundaciones, con el fin de "poner fin a la detentación de la propiedad por parte de la familia Franco". Los participantes en el encuentro ya mostraron su intención de incorporarse a esta junta.

Al encuentro en el Palacio provincial acudieron además de la vicepresidenta Goretti Sanmartín, el alcalde de Sada Benito Portela; el concejal de Cultura de A Coruña Xosé Manuel Sande; el diputado y alcalde de Pontedeume Bernardo Fernández; el vicerrector de la Universidade da Coruña Alberto Valderruten; los representantes de Iniciativa Galega da Memoria Montse Fajardo, Luis Bará y Mila Bouzón; y los integrantes de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica de A Coruña Carlos Babío, Erik Doaño y Manuel Pérez; junto al investigador Emilio Grandío, director del proyecto Xeración Perdida de la Diputación.

Los presentes en la reunión acordaron de forma rechazar que la Fundación Francisco Franco gestione el programa de visitas al pazo y condenaron las declaraciones de su presidente por hacer "apología del franquismo". También reclaman, al igual que el Concello de Sada, que se modifique la ley de fundaciones para impedir que las de este tipo sean legales si realizan este tipo de apología. Otro acuerdo alcanzado es la realización de un estudio sobre el expolio y apropiación del pazo por parte de la familia Franco y el proceso para posibilitar su devolución e incorporación al patrimonio público.

También se reclamar que se apruebe una Lei Galega da Memoria Histórica Galega para impedir el ensalzamiento de los protagonistas de la represión y que el pazo se dedique a actividades relacionadas con la recuperación de la memoria histórica.

El alcalde de Sada convocó ayer un pleno extraordinario para este sábado día 12 a las 12.30 horas, con un único punto del orden del día: debatir su propuesta para, entre otras iniciativas, reclamar a la Xunta que sea el Concello y no la Fundación Francisco Franco la que gestione el régimen de visitas al pazo.

La propuesta de Benito Portela fue dictaminada ayer en comisión favorablemente por Sadamaioría, BNG y PSOE. El PDSP votó en contra y el PP se abstuvo. Portela, en un comunicado, ha manifestado su deseo de que en el pleno del sábado todos los grupos políticos voten a favor para lograr un "acuerdo unánime", que supondría un paso más en su objetivo de "recuperar el pazo de Meirás para la titularidad y usos públicos".

La propuesta de acuerdo incluye también instar a la Xunta a que realice todas las actuaciones necesaria para evitar que la Fundación Franco gestione las visitas al pazo, y que exija a los propietarios que cumplan dicho régimen de visitas.

Sada reclama también al Gobierno gallego y al estatal el "apoyo institucional a todas las actuaciones encaminadas a recuperar el pazo de Meirás para la titularidad y usos públicos"; que se haga una declaración institucional de condena a los comunicados de la Fundación Franco y de apoyo a la memoria de las víctimas del franquismo; y que las Cortes del Estado, grupos parlamentarios y Gobierno central promuevan iniciativas legislativas para cambiar la ley de fundaciones y poder declarar ilegales a fundaciones que hagan apología del franquismo.

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