El pleno de Miño aprobó ayer con los únicos votos del Gobierno local solicitar un nuevo préstamo al Estado por importe de 1,2 millones para pagar a los expropiados de Fadesa. Los integrantes del Ejecutivo alzaron sus manos sin aclarar a la oposición cómo pretenden afrontar este nuevo endeudamiento. La sesión, bronca, culminó con dos vecinos expulsados y entre amenazas del alcalde de desalojar también a parte de la bancada del PSOE.

El Concello con más déficit de Galicia prevé sumar 1,2 millones más de crédito a los 12,5 concertados en diciembre de 2015. Y lo hace con el único respaldo de un plan económico-financiero para los años 2017 y 2018 que la interventora ya calificaba de insuficiente antes de que el Ejecutivo propusiese esta nueva operación.

El Ejecutivo adujo que carece de fondos para saldar las deudas derivadas de las irregularidades en la tramitación de Costa Miño Golf, por lo que está obligado a recurrir a los fondos de impulso económico. Ante la insistencia de los socialistas en exigir medidas adicionales de ahorro, llegó a pedirles que fuesen ellos los que planteasen propuestas.

El alcalde, Ricardo Sánchez, también sugirió a los expropiados que renunciasen a los intereses, que podrían rondar los 9 millones de euros. "26 euros por metro cuadrado es una buena cifra, algunos podrían renunciar al cobro de los intereses", planteó. Su sugerencia fue acogida con abucheos del público.

El alcalde mantuvo que el plan económico financiero aprobado "cumple incluso con este préstamo" a pesar de que la interventora mantuvo que las medidas eran insuficientes. Ricardo Sánchez presumió de previsión por manejar unas estimaciones para 2018 y 2019 y se negó a elaborar un plan de ajuste por toda la vigencia del crédito. "No es obligatorio", afirmó.

Sus palabras chocan con la reclamación por parte del Ministerio de Hacienda de un plan de saneamiento por toda la vida del préstamo (diez años). Y también con la advertencia que desliza Intervención en su informe sobre la concertación de un nuevo crédito. La funcionaria advertía de que la operación "agravaría" la situación económica de Miño e instaba a la Corporación a que "en un ejercicio de responsabilidad política", adoptase "todas las medidas necesarias para lograr hacer frente a sus obligaciones".

El PSOE se abstuvo y criticó al Ejecutivo por pretender engordar más la deuda sin plantear medidas de ahorro que garanticen la sostenibilidad del Concello. Su portavoz, Manuel Faraldo, acusó al Gobierno local de "ocultar la deuda real", recordó que recientemente el Ejecutivo cifraba en 3,5 millones las sentencias pendientes de pago y acusó al PP de provocar esta desorbitada deuda al desoír todas sus advertencias de pedir los avales a Fadesa, personarse en el concurso e acreedores o exigir responsabilidades a la Xunta. Los socialistas criticaron que el Ejecutivo pretenda ahora que sean los socialistas los que ofrezcan las soluciones. "Lleváis 15 años haciendo caso omiso a nuestras advertencias, ¿qué queréis que propongamos? Sois vosotros los que estáis gobernando", replicó Faraldo quien, a renglón seguido, planteó al alcalde independiente y a su número dos del PP y que renunciasen a sus sueldos y reclamasen responsabilidades a los "responsables de llevar a Miño a la ruina" (citando a Jesús Veiga -actual primer teniente de alcalde- y Juan Maceiras y a los asesores Carlos Abal y Juan Herva). Al hilo de la sugerencia del regidor de que los expropiados renunciasen a los intereses, el PSOE invitó a los integrantes del Ejecutivo a aportar ellos sus bienes personales.

El BNG, sin representación en el Concello de Miño, criticó también ayer que se pida más crédito "sin prever cómo devolverlo".