La Diputación jugó un papel crucial en la compra y entrega del pazo de Meirás al dictador Francisco Franco y ayer, casi 80 años después, acordó intentar reparar el daño con su integración en la Junta Pro Devolución del Pazo (el reverso de la Junta Pro Pazo creada en 1937 para gestionar la compra del inmueble). Ocho décadas después del expolio, todos los grupos del plenario provincial coincidieron en que hubo una cuestación forzosa y que este "regalo" al dictador se sufragó con fondos públicos. Pese a ello, los partidos fueron incapaces de mostrar unanimidad a la hora de acordar las medidas a adoptar. La sesión dejó patente las discrepancias de criterio entre el PP y los grupos de la izquierda.

La vicepresidenta de la Diputación, Goretti Sanmartín, fue la primera en intervenir. La diputada nacionalista instó al plenario a "remar en el mismo sentido" para acabar con este "escándalo" y recordó que la institución provincial había sido "parte esencial en el expolio". Sanmartín apeló a la necesidad imperiosa de actuar para resarcir a las víctimas y desmarcarse de las declaraciones de la Fundación Franco, que se jactaba recientemente de que la Diputación "no sólo había sido generosa, sino también inteligente" al gestionar la "donación" que había permitido a Galicia contar con "la presencia veraniega de quien fue jefe del Estado durante la totalidad de su mandato".

Todos los grupos con representación en la Corporación provincial salvo el PP, que se abstuvo, exigieron un cambio legislativo que permitiese ilegalizar as la Fundación Franco por esas y otras declaraciones, como las de que el dictador "ni fusiló a nadie ni mandó fusilar". PSOE, BNG, Marea Atlántica, Compostela Aberta y Alternativa por Veciños apoyaron también exigir que sea el Concello de Sada el que gestione las visitas del pazo, realizar un estudio sobre el expolio y la apropiación de As Torres e integrarse en esta Junta Pro Devolución de la que formarán parte también la Universidad, instituciones, organizaciones políticas, sociales, sindicales y fundaciones para lograr la recuperación del pazo y convertirlo en un centro destinado a divulgar la memoria histórica y los valores de paz.

El PP presentó una moción alternativa en la que se limitaba a instar a la Xunta a realizar un estudio jurídico en colaboración con las universidades para analizar los mecanismos que permitan incorporar As Torres de Meirás al patrimonio público y en trasladar a la Fundación Francisco Franco su "más enérgica condena por sus declaraciones de apología del franquismo".

La moción del PP fue aprobada por todos los grupos, que afearon con todo a los populares su tibieza y lamentaron su negativa a dar más pasos por la recuperación del pazo y por evitar que la Fundación Franco siga en activo y gestionando las visitas al Bien de Interés Cultural. Goretti Sanmartín fue especialmente dura y recordó que se había ofrecido a retirar varios puntos de la moción, como el de crear una ley gallega de memoria histórica y que el PP parecía dispuesto inicialmente y que después dio marcha atrás y se negó apoyar la integración en la Junta Pro Devolución.

Los populares acusaron al resto de los partidos de pretender únicamente vincular al PP con el franquismo y recalcaron que su partido condena la dictadura y también las declaraciones de la Fundación Franco. El popular Agustín Hernández cuestionó aún así la urgencia y la importancia de este asunto, dejó claro que su partido no estaba a favor de que la Diputación se integrase en la Junta Pro Devolución del pazo de Meirás y defendió su propuesta de instar a la Xunta a realizar un estudio jurídico en colaboración con las universidades para analizar posibles fórmulas de recuperación del pazo de Meirás.

El PP se negó también a mover ficha para ilegalizar a la Fundación Francisco Franco e invitó al resto de las fuerzas a acudir a la Justicia. Hernández sostuvo que no era preciso cambiar la ley de fundaciones para ilegalizar al colectivo dado que, adujo, el colectivo ya vulneraba la actual normativa. Pese a mostrarse convencido de este extremo, el PP no manifestó en ningún momento su intención de denunciar este incumplimiento e invitó al resto de los grupos a acudir a la Justicia si lo consideraban necesario.