El Juzgado de Instrucción número 4 de Betanzos ha abierto una investigación por un supuesto delito de prevaricación administrativa contra el exalcalde de Miño Juan Maceiras y el actual primer teniente de alcalde, Jesús Veiga, ambos del PP, por una serie de contratos adjudicados durante el año 2007.

La investigación parte de una denuncia presentada por el PSOE por un posible fraccionamiento de contratos y de su adjudicación a través de negociados sin publicidad "para beneficiar a determinadas mercantiles".

Según la documentación a la que ha tenido acceso este diario, se trata de varios contratos de arreglo de caminos y de iluminación. El juzgado investiga si estos trabajos fueron fraccionados irregularmente para reducir su cuantía y poder así contratarlos por tramos a través de procedimientos negociados sin publicidad -una fórmula que la ley considera excepcional y que limita la concurrencia y que permite al ayuntamiento invitar directamente a las empresas-.

En uno de los casos, una obra de alumbrado en Bemantes, el contrato se dividió entre el margen derecho y el izquierdo en lugar de formar un único lote (cada uno de ellos ascendía a 59.000 euros). Un procedimiento similar se siguió con el alumbrado en Bañobre, dividido también en dos tramos, cada uno de 59.000 euros.

Los contratos fueron objeto de un reparo por parte de la interventora municipal porque no existía dotación presupuestaria ni acta de replanteo del proyecto. Los reparos fueron levantados en un pleno del 4 mayo de 2007 a propuesta de alcaldía, poco antes de las elecciones municipales.

La apertura de una investigación por parte del juzgado trasciende un año después de que Miño Plataforma Aberta, el partido del actual alcalde, Ricardo Sánchez, (que gobierna con el PP) anunciase que Fiscalía investigaba a Maceiras y Veiga por supuesta malversación y prevaricación en el contrato de la oficina del catastro. El primer teniente de alcalde, Jesús Veiga, ha tenido que prestar ya declaración en el juzgado por esta denuncia.

Los juzgados investigan también otro contrato del PP, el bulevar de A Carreira. En este caso, fue el PSOE el que presentó denuncia por las irregularidades en la tramitación y el sobrecoste de alrededor de 500.000 euros.