El Ayuntamiento de Abegondo exigirá un "aval" a los dueños de suelos situados en núcleos "con poca actividad" que quieran edificar en ellos. El Concello pedirá 1.500 euros por clasificar como edificables los terrenos en los que hasta ahora no se ha registrado interés por construir y los propietarios deberán edificar en un plazo de cinco años o, de lo contrario, perderán este importe. El alcalde, José Antonio Santiso, explica que esta medida pretende conseguir "garantías" de que quien solicite que su finca sea edificable vaya a construir para evitar que se acumulen las solicitudes y, de nuevo, se dispare la previsión de viviendas en la normativa urbanística municipal, principal motivo por el que el Tribunal Supremo tumbó el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM).

Santiso atribuye la idea de cobrar el aval a los técnicos municipales y explica que los terrenos en núcleos "con actividad" mantendrán su edificabilidad en el futuro planeamiento. Defiende el cobro del aval como medida para disuadir a vecinos que puedan solicitar que se clasifiquen sus terrenos como edificables aunque no tengan la determinación de construir en ellos, lo que provocaría que de nuevo se rebasase la previsión de suelo edificable y vivienda en la normativa urbanística municipal que los tribunales consideraron razonable para las dimensiones de Abegondo. El alcalde apunta que el plazo de cinco años responde a que las normas provisionales -que regirán el urbanismo abegondés hasta que haya un nuevo plan general- tienen que estar aprobadas en el plazo de seis u ocho meses y, desde su aprobación definitiva, debe aprobarse un nuevo plan general en tres años y medio y, si se excede este periodo, afirma Santiso, se anularán las normas provisionales.

Alternativa por Abegondo (AxA) sostuvo ayer en pleno que el cobro de 1.500 euros por permitir edificar en estos suelos es "un impuesto". Criticó, además, que en los cinco años fijados como máximo para construir sin perder el aval los vecinos pueden sufrir algún contratiempo que demore la edificación.

En el pleno, el Gobierno local aprobó con abstención de la oposición la conta xeral, con un superávit de 300.048,61 euros y un remanente de tesorería de 185.864,83.