Miño aprobó ayer en pleno las primeras medidas del plan económico financiero para poner freno a su desorbitada deuda: subida de la tasa de basura un 15% y aumento del IBI urbana del 0,50 al 0,60 en 2018. El Gobierno local enmendó su propuesta durante la sesión para aplazar hasta 2019 el incremento al 0,80 de los tipos diferenciados para inmuebles de alto valor catastral (almacenes, garajes y solares que superen los 200.000 euros; locales comerciales e industriales con un valor catastral superior a los 250.000 euros y los de ocio y hostelería de más de 600.0000).
El Ejecutivo argumentó que Hacienda les había comunicado que iba a recaudar más de los 500.000 euros previstos en el plan económico financiero por la revisión catastral, lo que permitiría pagar la cuota del préstamo de 12,5 millones en 2018 sin necesidad de aplicar esta subida. El PSOE votó en contra, recordó que la interventora ya había tachado de insuficientes las medidas previstas para hacer frente a la deuda y, a la salida del pleno, criticó al Ejecutivo por distinguir entre "vecinos de primera y segunda".
La sesión dio pie a un nuevo enfrentamiento entre el Ejecutivo local y el PSOE por las medidas para afrontar la deuda. El Gobierno local echó en cara a los socialistas que votasen en contra de las medidas para garantizar los pagos del préstamo y el PSOE les afeó que "cargasen todo el peso" sobre los vecinos y se negasen a rebajar los sueldos políticos.
La sesión, por momentos bronca, también dejó en evidencia la falta total de sintonía entre el Ejecutivo y los expropiados de Fadesa, que han comenzado a cobrar la deuda principal (12,5 millones) tras más de diez años de pleitos (aún queda por pagar más de un millón de euros de principal).
El Gobierno local, que al inicio del mandato había anunciado su intención de negociar una quita de los intereses, cerró ayer la puerta a cualquier tipo de acuerdo. "El Concello no va a asumir los intereses", sentenció el alcalde, Ricardo Sánchez, que invitó a los expropiados a reclamarlos vía judicial pese a que tienen reconocido por sentencia el derecho a cobrar los intereses, como les recordó el PSOE.
No fue la única piedra lanzada ayer sobre el tejado de los expropiados. El popular Jesús Veiga, dejó claro que respeta pero no comparte la sentencia que multiplicó por cuatro el valor de los terrenos expropiados para construir la fallida macrourbanización de Costa Miño Golf. "Acato la sentencia, pero no estoy de acuerdo con ella, no estoy de acuerdo con que se pague un ferrado de tierra a 14.000 euros", argumentó el exalcalde, que cargó contra el PSOE : "Ustedes siempre defendieron a los expropiados y no a los vecinos. Ustedes nunca defendieron al Concello y siempre fueron contra Fadesa", afeó Veiga a los socialistas. Una crítica que fue acogida con ironía entre los socialistas: "¿Los expropiados no son vecinos, son de Marte?", replicó Manuel V. Faraldo. El PSOE recordó otra vez que fue el PP el que propició esta situación al negarse a pedir los avales a Fadesa, a lo que Veiga respondió nuevamente recordando que los reclamó en 2008, con la constructora ya en concurso y que no llegó a depositarlos (solo garantías por 7,5 millones -que ahora están valoradas en unos tres- de los 31 millones reclamados).
El PP no mostró un discurso monocorde durante la sesión. La vehemencia de Jesús Veiga contrastó con la actitud de algunos de sus compañeros de partido, que se estrenan en política y que evitaron defender la gestión pasada, limitándose a reclamar que "se reconozca el esfuerzo del Gobierno actual", como solicitó el edil Agustín Andrés.
