El abogado de la asociación de expropiados por la urbanización Costa Miño Golf, Jerónimo Escariz, calificó ayer de "ridícula" la afirmación del alcalde, Ricardo Sánchez, de que el Concello "no asumirá el pago de los intereses" y de que su desembolso dependerá de que el juzgado acepte la reclamación de los afectados. "La Justicia ya ha declarado al Concello responsable de la deuda principal y de los intereses. Eso ya está sentenciado y más que sentenciado", sostuvo ayer el letrado a consulta de este diario.

El representante legal de los expropiados ya tramita la actualización de las liquidaciones en los juzgados. Según sus cálculos, los intereses de demora por la ocupación de los terrenos en 2004 superan ya el 40% de la deuda principal. Es decir, que a los cerca de 14 millones que el Concello tiene que pagar por los terrenos habría que sumar alrededor de seis más por los intereses de demora. Esta cuantía se verá incrementada además por las fincas que carecen aún de sentencia firme y los intereses por el pago de 1,1 millones aún en trámite (en total, podrían superar los ocho millones).

El Concello se escuda en el hecho de que todavía no ha recibido una orden judicial de pago para oponerse a la reclamación del PSOE de incluir en las cuentas una estimación del enorme agujero contable real que abrirá en las arcas públicas su gestión de la urbanización de Fadesa. El Ejecutivo no solo se niega a reflejar una estimación de los intereses, también descarta elaborar un plan de saneamiento a largo plazo y, aunque solo garantiza los pagos hasta 2019 (año electoral), ha reclamado un préstamo de 1,1 millones más sin prever medidas adicionales de ahorro.

El Gobierno local cuestiona ahora los fallos judiciales, el justiprecio y distingue entre los expropiados y el resto de los vecinos. "Usted siempre defendió a los expropiados, no a los vecinos", llegó a echarle en cara el PP al PSOE en el último pleno. Una afirmación que indignó a la bancada socialista, que recordó que el Concello fue condenado como responsable subsidiario por no obligar a Fadesa a depositar los avales.