El proyecto promovido por el Concello de Arteixo para crear un parque en el antiguo vertedero de Monticaño y así cumplir la sentencia judicial que ordena clausurarlo se verá demorado de forma sustancial. La Consellería de Medio Ambiente considera que la documentación que aportó el Concello está incompleta, por lo que exige un estudio de impacto ambiental ordinario.
Este proceso obliga al Ayuntamiento a realizar más estudios antes de que su propuesta reciba el visto bueno. La Consellería de Medio Ambiente emitió una resolución el pasado mes de octubre en la que indica que el plan que tramita Arteixo "no ahonda lo suficiente en la identificación de las infraestructuras existentes" ni en "los sistemas de control que se deben mantener en el vertedero" si se crea un parque abierto al público. "El planeamiento debe garantizar que se evite el contacto humano con los residuos de amianto depositados en determinadas celdas", señala la resolución.
La Xunta argumenta que es necesaria una evaluación ambiental más amplia debido a que la creación de un parque en el antiguo vertedero puede "dar lugar a posibles riesgos sobre los bienes y las personas", así como se pueden producir "efectos sobre el medio natural, el paisaje y el ciclo hídrico". Otra exigencia del Ejecutivo gallego es que debe realizarse una prospección arqueológica para comprobar si existe algún bien de interés en el ámbito, ya que a pocos metros se sitúa la antigua batería militar de Monticaño, que formaba parte de la red de fortificaciones costeras que el Gobierno central construyó en uno de los intentos "más ambiciosos" para dotar a la costa del país de defensas.
El Concello inició el pasado mes de junio los trámites para modificar los usos del antiguo vertedero de Monticaño con el fin de construir un parque público que albergue un anfiteatro, un aparcamiento y varios caminos.
Arteixo tramitó este documento con el objetivo de eliminar la clasificación del suelo como zona de Infraestructuras de Defensa que aparece en las normas subsidiarias municipales de 1995. La zona de afección militar se suprimió en 2006, pero sigue sin estar reflejada en el documento urbanístico municipal. También pretende variar la calificación del suelo, que actualmente aparece en parte como rústico y otra zona como de Defensa. El plan pretende autorizar el uso de zona verde en este recinto, que continuará como una parcela de titularidad privada de uso público.
La propietaria del antiguo basurero, Coacón (actualmente Cespa), ya completó el sellado tras la orden judicial que anuló la licencia de actividad del vertedero y obligó a ejecutar el sellado de los residuos. La Justicia obligó al Ayuntamiento y a Cespa a costear a partes iguales la regeneración de la escombrera.
