El pleno de Betanzos aprobó ayer por unanimidad una moción del BNG para exigir que se revise el funcionamiento del servicio de ayuda a domicilio tras denunciar las empleadas la precariedad de sus contratos y la merma de la prestación. Una representante de las trabajadoras, Rosalía Lago, tomó la palabra durante la sesión para denunciar ante la Corporación local la modificación sustancial de sus contratos, pese de que el pliego obligaba a la concesionaria a mantener a las empleadas subrogadas "en los mismos términos y condiciones".

Esta auxiliar destacó que la precariedad en la que ejercen su trabajo, que ha llevado a Inspección de Trabajo a abrir expediente a la concesionaria por cuatro infracciones graves, no solo repercuten en sus bolsillos, sino también en el servicio. "Son personas dependientes, no objetos", denunció esta empleada, que afirma que la empresa adjudicataria ha llegado a enviar hasta a cuatro auxiliares distintas en una semana a un domicilio para atender a personas con dependencia.

El BNG atribuyó la actual situación a la merma de la vigilancia por parte del Concello y la reducción del importe de licitación en el contrato de 2015, un punto en el que coincidieron todos los grupos de la oposición (Betanzos Novo, Betanzos en Común y PP), que destacaron la necesidad de ser especialmente escrupulosos en un servicio tan delicado como el de la atención a dependientes.

La concejala de Servicios Sociales, María Barral, defendió la calidad de la prestación, destacó que está avalada por las técnicas del departamento y sostuvo que solo se habían presentado quejas en verano (que la concesionaria había atribuido a bajas y vacaciones). La edil incidió en que solo había una queja por escrito y que no guardaba relación con lo denunciado. Admitió conocer desde febrero el malestar de las empleadas y estar enterada de los expedientes abiertos por Inspección, pero atribuyó el conflicto a un tema laboral en el que, dijo, el Concello solo puede intermediar.

El Gobierno local accedió aún así a solicitar informes técnicos y jurídicos para evaluar el funcionamiento del servicio y comprobar si se respeta o no el pliego de condiciones.