El Tribunal Supremo ha asestado un duro varapalo a Martinsa Fadesa en una sentencia que evidencia el fiasco que supuso la urbanización Costa Miño, anunciada en su día como un paraíso de sol y playa y que el estallido de la burbuja inmobiliaria ha convertido en paradigma del ladrillazo. Los jueces han dado la razón a un particular que suscribió un contrato de compraventa con la constructora en el año 2005 y que se negó después a pagar la vivienda por los incumplimientos en materia de servicios y equipamientos.
Los magistrados avalan el derecho del comprador a rescindir el contrato al entender que adquirió la vivienda influido por la "publicidad engañosa" difundida por la promotora en plena fiebre del ladrillo. "Al comprador se le ofrecía un entorno paradisíaco que no tiene correspondencia con la realidad", destacan.
La sentencia, firme, sienta jurisprudencia y revoca una sentencia de la Audiencia Provincial, que solo había reconocido a los compradores insatisfechos el derecho a una rebaja del 25% por los incumplimientos de la Martinsa Fadesa, en fase de liquidación.
Los jueces avalan la anulación del acuerdo de compraventa y dan por buenos los argumentos de un juzgado de primera instancia que en 2013 había dado la razón al comprador al entender que estaba en su derecho de resolver un acuerdo dado que "todos los compromisos contraídos en el contrato y a través de la oferta publicitaria fueron incumplidos" y que dicha transgresión "debía calificarse de sustancial".
"El comprador se encontró con una vivienda que no se encontraba junto al campo de golf ofrecido, ni con las vías de comunicación proyectadas ni con la urbanización ofrecida y esperada, dado que no está concluida", destaca el Alto Tribunal, que incide en que el espacio verde "se ha reducido notablemente" con respecto a lo anunciado y también la categoría del campo de golf. La sentencia da por buenos los argumentos del comprador, que aportó en el pleito folletos publicitarios que vendían un entorno "paradisíaco" y todo tipo de lujos, incluido un puerto deportivo que no llegó a ejecutarse.
La promotora, que avanza en su liquidación con subastas a la baja de los chalés de esta urbanización, responsabilizó a la Administración de parte de los incumplimientos, como la ausencia del acceso a la autopista o el puerto deportivo. Un argumento que no caló en los jueces. Los magistrados destacan que la constructora "asumió la realidad próxima de las obras sin cautela alguna" y "ofertó en venta lo que no era más que una expectativa de futuro".
La construcción de la conexión de la autopista AP-9 con la urbanización Costa Miño Golf fue prometida en varias ocasiones por el Ministerio de Fomento, que llegó a incluir una partida de un millón de euros en los presupuestos generales del Estado para su ejecución. La consignación fue suprimida de las cuentas en 2012 y el Gobierno no ha vuelto a fijar plazos para la obra.
Los incumplimientos y la cuestionable gestión de la Administración en la tramitación de la urbanización Costa Miño Golf también han salido caros al Concello. Los juzgados han cargado al Ayuntamientos con el millonario coste de las expropiaciones como responsable subsidiario por su reiterada negativa a reclamar los avales a la empresa (pidió las primeras garantías en 2008, con la empresa ya en concurso).
