Un golfista da la bienvenida al conductor a la entrada de Miño. La figura fue instalada por el Concello en los locos años de la fiebre del ladrillo, cuando aspiraba a convertirse en la capital gallega del golf y de la náutica deportiva. Transcurridos quince años de la gestación de la mayor urbanización residencial de la comarca, Costa Miño Golf, el Supremo ha emitido un fallo que no solo apunta a los cimientos de este frustrado "paraíso de sol y playa" sino que también deja en entredicho el papel de la Administración.
Como informó ayer este diario, el Alto Tribunal reconoce a un comprador el derecho a rescindir el contrato de compraventa de una vivienda suscrito en 2005 por la "publicidad engañosa" difundida por la promotorapublicidad engañosa, que animaba en sus folletos a invertir en un complejo residencial que dispondría de conexión directa con la autopista y un puerto deportivo en las inmediaciones de cuatrocientos amarres.
Al tiempo que las máquinas explanaban los terrenos para levantar Costa Miño Golf, el Concello y organismos públicos como Portos de Galicia anunciaban infraestructuras y equipamientos que hacían más apetecible la inversión en esta macrourbanización fallida.
La conexión con la AP-9 (recogida en el plan parcial y que Fadesa debía garantizar una vez que Fomento acometiese el enlace con el polígono de Vidrieiro) o un puerto deportivo a tiro de piedra con capacidad para 400 amarres fueron dos de las promesas frustradas que han llevado al Supremo a avalar la rescisión de un contrato de compraventaSupremo . Estas infraestructuras no solo figuraban en los folletos publicitarios, también estaban en boca de los políticos. En enero de 2005, el por entonces presidente de Portos de Galicia, Carlos Negreira, visitó punta Redonda para anunciar una inversión de seis millones de euros en un puerto deportivo con 400 amarres. El presidente de Portos expresaba su confianza en que las obras empezarían en 2006 y destacaba el servicio que proporcionaría a las miles de familias que se instalarían en Costa Miño. El proyecto salió a exposición pública ese año y tres después, en 2008, fue rechazado por su afección a las playas.
La Administración también dio motivos para creer en la conexión con la AP-9. El Estado llegó a incluir una partida de un millón de euros en los presupuestos, que fue retirada en 2013. Ni la conexión con la AP-9 ni el puerto deportivo que figuraban en el PGOM llegaron a ejecutarse. Martinsa-Fadesa, que dejó a medias la urbanización, alegó ante los jueces que parte de los incumplimientos eran responsabilidad de la Administración, un extremo que la Justicia no niega pero que, incide, no exime de culpa a la empresa por "ofertar lo que no era más que una expectativa de futuro".
