Dos años y seis meses. Es el tiempo que lleva en licitación una obra largamente demandada por el Concello de Sada: la regeneración de su playa urbana. La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar se toma su tiempo para cumplir una promesa que parecía cumplida con la publicación del anuncio de contratación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en vísperas de las elecciones pero que, treinta meses después, sigue prácticamente en el mismo punto, en contratación.
Durante este interminable proceso contractual, el organismo estatal ha adjudicado obras de mejora en ocho playas españolas, si contar los trabajos de mantenimiento del borde litoral en distintos puntos de la geografía nacional. Algunos de los proyectos contratados tenían una complejidad e importe muy superior a los del arenal sadense, como la regeneración de la bahía de Portmán, que salió a concurso por 49 millones en las mismas fechas que el proyecto de Sada y que se adjudicó en septiembre de 2016 tras superar varios escollos, entre ellos, un recurso en el tribunal de Hacienda.
El Estado ha demorado una y otra vez la contratación y realización de esta obra, que iba a empezar en octubre de 2015. Costas aplazó después los trabajos a julio de 2016 y después a 2017. El proyecto tiene un plazo de ejecución de doce meses, por lo que, si finalmente se adjudica, coincidirán en campaña electoral.
El Concello espera. Y desespera. La licitación de las obras de regeneración de la playa en 25 de mayo de 2015 puso fin a años de incertidumbre y promesas incumplidas y llegó al PP a empapelar su sede con el anuncio del BOE y a presumir de que la regeneración del arenal era ya "una realidad".
No fue así. El concurso que propició la euforia de los populares se anuló en marzo de 2017 por "una infracción no subsanable de las normas reguladoras del procedimiento". Costas argumentó entonces que no podía continuar con el concurso debido al "tiempo transcurrido desde que la mesa de contratación debía analizar los preceptivos informes y proponer adjudicatario" y por "la inseguridad jurídica que podría generar su continuación tras haberse incumplido los plazos previstos por la legislación".
El Estado, que atribuyó la anulación del proceso a las dificultades para formar gobierno, volvió a licitar la obra en agosto de 2017. El 31 de octubre la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar anuló la apertura de las ofertas económicas sin explicar los motivos en la resolución. Los trabajos llevan casi cinco meses en licitación sin que hayan trascendido avances.
