Aqualia, filial del agua del grupo Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), anuncia que tiene "intención firme de recurrir" la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de A Coruña que fija en 12,8 millones de euros la indemnización que debe abonar al Concello de Arteixo tras el fin de la empresa mixta de aguas Augarsa, según confirman fuentes de la compañía.

La empresa y el Ayuntamiento disponen de quince días a contar desde la notificación de la sentencia para presentar un recurso. El caso pasaría a manos del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia si finalmente Aqualia presenta el recurso contra el fallo que emitió el juzgado coruñés el pasado 28 de diciembre.

El Concello por el momento no ha decidido si presentará un recurso contra la sentencia, que reduce en un 51% la cantidad que reclamó inicialmente a la filial de FCC por el fin de Augarsa. El Concello exigía 26 millones de euros. El alcalde, Carlos Calvelo, asegura que "la semana que viene" se reunirá con el letrado que contrató el Gobierno local y con los técnicos municipales para "analizar el contenido de la sentencia".

El regidor, que ya se esperaba la decisión de Aqualia de recurrir, asegura que "se ha ganado una batalla, pero no quiere decir que se haya ganado la guerra". Calvelo explica que el fallo "es muy positivo" porque "reconoce que Aqualia no había" realizado el "servicio en condiciones". También asegura que 12,8 millones de euros de indemnización "es una cantidad muy importante".

"Esta sentencia va a significar un precedente de futuro porque la jueza reconoce la falta de mantenimiento de la red municipal. Las empresas privadas van a tener que cumplir el contrato", argumenta el alcalde. Carlos Calvelo además afirma que no va a permitir "que las empresas vengan al concello y que no cumplan la oferta" que presentaron para ganar el concurso público.

La jueza que instruyó el caso en primera instancia vio probado que Aqualia incumplió parcialmente el plan de inversiones con el que ganó el concurso público y que la red de tuberías municipal estaba "en un estado funesto". La magistrada también fijó la indemnización en 12,8 millones al apreciar que el sistema de cañerías sufrió una "depreciación" tras "la gestión de Aqualia".

El conflicto entre el Concello de Arteixo y la filial de FCC surge de la decisión del Gobierno local de poner fin a Augarsa, la empresa mixta que gestionó el servicio de aguas hasta 2013. La guerra judicial comenzó ese año y con la sentencia del juzgado termina una primera etapa. Pero el conflicto ya se había fraguado mucho antes en los consejos de administración de la compañía. El Concello bloqueó algunas de las inversiones que ahora sí ejecuta, ya que en los consejos el alcalde disponía de un voto que valía doble en caso de que hubiera empate entre la parte privada y la pública.

Augarsa echó a andar en el año 2005 envuelta en polémica. En ese momento el alcalde era el popular Manuel Pose. La oposición al completo votó en contra de la privatización del servicio y denunció irregularidades en su concesión. La duración del contrato era de 30 años, por lo que finalizaba en el año 2045. Al final la empresa mixta solo operó hasta 2013.