La comisión de Infraestructuras del Parlamento aprobó ayer por unanimidad una proposición de En Marea enmendada por el PP para apoyar a los concellos que demandan que se anule la exención del 95% del IBI a la concesionaria de la AP-9 aprobada durante el franquismo y que sigue aún hoy en vigor. Todos los grupos con representación en el Parlamento acordaron reiterar al Estado la petición de que se anule este privilegio fiscal, una petición que ya había sido aprobada por unanimidad el mes pasado tras una iniciativa del BNG.

PP, PSOE, En Marea y BNG coincidieron en que es "de justicia" suprimir esta exención de la que aún disfruta la concesionaria, que priva a los concellos por los que discurre de una importante fuente de ingresos. BNG y En Marea se mostraron especialmente críticos con el Estado por mantener esta exención sin ningún tipo de contraprestación para los ayuntamientos afectados y contrapusieron las pérdidas de los concellos con los millonarios beneficios de la empresa concesionaria.

Los socialistas apelaron también a los beneficios de Audasa y recordaron que dispone de un "negocio plenamente consolidado" que no precisa de ese tipo de exenciones. El PP mostró también su apoyo a la proposición de En Marea tras pedir que se incluyese un segundo punto para reiterar a la Xunta que pida al Estado que adopte las medidas legislativas necesarias para anular esta exención. Los populares recordaron que este privilegio se mantuvo por gobiernos de distinto signo y cuestionaron la enmienda de En Marea por su similitud con la del pasado mes del BNG.