La juez que condenó a Aqualia, filial del agua del grupo Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), a abonar una indemnización de 12,8 millones de euros al Concello de Arteixo tras el fin de Augarsa acaba de anular la sentencia. El pasado 16 de enero emitió una providencia en la que asegura que debido a un "error informático" el 10 de enero se envió a las partes afectadas un "primigenio borrador", de 81 páginas en total, y no el fallo correspondiente al procedimiento.

La magistrada, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de A Coruña, no explica en la providencia cuál fue el error informático al que hace referencia y se limita a señalar que se "procede a tramitar la nulidad de la sentencia". La jueza dictó esta orden el 16 de enero. La sentencia invalidada está fechada a 28 de diciembre, aunque fue notificada a las partes el 10 de enero.

Solo dos días después de que Aqualia y el Concello conocieran el fallo en el que se fijaba la indemnización a pagar por la filial de FCC en 12,8 millones de euros, el juzgado envió a las dos partes otra sentencia sobre otro apartado del caso. Estimó un recurso de Aqualia sobre los rellenos que se hicieron en el depósito de Pastoriza en el año 2013 para evitar cortes en el suministro. Este fallo también tiene fecha de 28 de diciembre.

El Concello reclamaba cerca de 400.000 euros en este concepto (unos 540.000 si se tienen en cuenta los intereses). La magistrada indica que no "consta acreditada la urgente necesidad" de realizar estos rellenos y que el Concello no comunicó "ni a los liquidadores de la sociedad ni al administrador concursal" de Augarsa "la necesidad del gasto". También afirma que no se puede achacar "dicho gasto a la mala gestión de Augarsa", de la cual no era responsable Aqualia. La juez recuerda que el consejo de administración debía realizar este control y que no lo hizo en ningún momento. La sentencia señala que no quedó acreditado que por parte del consejo "se hiciera queja, reclamación o propuesta de cambio en el sistema de gestión que se estaba llevando a cabo". "No puede exigirse indemnización alguna por una responsabilidad que no se ha acreditado", asegura en la sentencia.

Este razonamiento contrasta totalmente con el que realizó la magistrada en el fallo que ha anulado, donde indica que Aqualia fue incapaz de demostrar que "dicho relleno se utilizara para suministros que no fueran imprescindibles" y reconoce que la empresa debe pagar 540.000 euros al Concello.

La resolución de la juez en la que anula la sentencia de los 12,8 millones indica que el fallo de los rellenos de Pastoriza está fundamentado "en lo resuelto" en la sentencia de la indemnización. No en la anulada, sino en otra que todavía no se ha hecho pública. La juez advierte de que hay una "contradicción" entre el escrito invalidado y la sentencia de los rellenos.

La providencia de la juez no es firme. El Concello ya ha presentado un recurso al entender que no hay "errores materiales manifiestos o aritméticos", sino que se pretende anular toda la sentencia. También argumenta que la magistrada vulnera las leyes procesales que regulan la nulidad de sentencias y que "están en juego fondos públicos de elevadísima cuantía".

El Gobierno local explica que la nueva resolución sobre los rellenos de Pastoriza "reduciría así el montante de la indemnización que debería abonar Aqualia, que pasaría de ser condenada a pagar 12,8 millones a 12,3 millones". Por su parte, Aqualia evitó pronunciarse sobre lo ocurrido.

La sentencia que emitió el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de A Coruña y que acaba de anular la propia juez que la dictó condenaba a Aqualia a pagar una indemnización de 12,8 millones de euros por incumplir parcialmente el plan de inversiones con el que ganó el concurso público para gestionar la empresa mixta de aguas del municipio (Augarsa), por tener la red de tuberías "en un estado funesto" y por "la depreciación" que sufrió el sistema de cañerías "tras la gestión de Aqualia".

La sentencia anulada estimaba un recurso que presentó la filial de FCC contra el acuerdo del Concello que fijó en 26 millones de euros la indemnización que debía abonar Aqualia. La cifra descendía un 51% y quedaba establecida finalmente en 12,8 millones.

En el fallo invalido se veía probado que el 92,26% de las obras que realizó la empresa mixta de aguas durante su existencia fueron contratadas con sobrecostes "a empresas pertenecientes a FCC y por tanto vinculadas a Aqualia". El sobreprecio se situó entre el 25% al 24,5%, según indicaba la sentencia. También afirmaba que existieron "partidas facturadas sin justificación y múltiples partidas alzadas". La magistrada matizaba en el fallo anulado que "no puede obviarse" que el Concello, que formaba parte de la empresa mixta junto a Aqualia, lo "permitió". "No puede afirmarse que Aqualia sea la única responsable de la firma de dichos contratos, lo que ha de repercutir en las posibles responsabilidades a asumir por las partes titulares del Consejo de Administración, en especial la parte pública por tener voto de calidad, y el deber de velar por el interés público", aseguraba la sentencia.

La guerra judicial entre el Concello y Aqualia se inició en el año 2013 tras la rescisión del contrato que regía la empresa mixta de aguas Augarsa. Pero el conflicto ya se había fraguado mucho antes en los consejos de administración de la compañía. El Concello bloqueó algunas inversiones que ahora sí ejecuta, ya que en los consejos el alcalde disponía de un voto que valía doble en caso de que hubiera empate entre la parte privada y la pública.