La compradora de una de las viviendas ilegales de la urbanización O Loureiro, en Pazos, ha denunciado ante Fiscalía la pretensión del Concello de Sada de legalizar parcialmente este complejo residencial autorizado en 2005 por Ramón Rodríguez Ares (PDSP) y cuya licencia fue anulada por sentencia firme en 2010. Esta mujer relata que su marido y ella adquirieron la vivienda en 2006 y que fueron desalojados tiempo después por unas irregularidades que el propio Concello les había ocultado cuando compraron el chalé. Tras años de pleitos, y pese a que la Justicia les dio la razón, perdieron la casa y el dinero invertido. Aunque consiguieron que la Justicia declarase nulo el contrato de compraventa y les reconociese derecho a recuperar la inversión, la promotora se declaró en quiebra y no le ha devuelto el dinero.

Esta compradora ha presentado ahora una denuncia ante Fiscalía para que actúe ante la indefensión que, dice, le provoca el hecho de que el mismo Concello que les conminó a abandonar la vivienda pretenda ahora legalizar en parte de este complejo residencial "a un banco". Y es que la urbanización es actualmente propiedad de Abanca, que solo ha demolido dos de los chalés pareados y ha obtenido permiso del Concello para transformar los ocho restantes en cuatro viviendas aisladas, que tendrán que ser objeto de distintas adaptaciones para cumplir la normativa.

El alcalde, Benito Portela, firmó el 2 de noviembre de 2017, a unos días de la entrada en vigor del plan general, un decreto por el que acordó formular un incidente de inejecución de la sentencia de derribo por "concurrir circunstancias legales sobrevenidas". El regidor apelaba concretamente a la nueva ley de suelo y a la normativa provisional modificada en 2012, que eliminaba la prohibición de parcelar en suelo de núcleo rural y en base a esos cambios accedía conceder a Abanca permiso para dividir la parcela en cuatro y transformar los ocho chalés pareados en cuatro viviendas aisladas. Los permisos, recoge el decreto, están condicionados a la previa autorización del juzgado.

La denunciante reclama ahora a Fiscalía que anule este decreto de legalización. En su denuncia, la compradora critica que durante años el Concello no diese ningún paso para cumplir el fallo firme que anuló las licencias en 2010. Relata al fiscal que tras varias quejas y escritos, el actual alcalde inició un expediente de reposición a la legalidad en julio de 2015 en el que instaba a Abanca a presentar un proyecto de legalización en el plazo de tres meses y que el 22 de junio de 2016, tras no obtener respuesta del titular, emitió un decreto en el que instaba al banco a presentar un proyecto para demoler todo lo edificado y amenazaba con la imposición de multas coercitivas.

La denunciante acusa al Ayuntamiento de "dejar sin efecto" este decreto "de forma totalmente improcedente" para año y medio después de firmar otro en el que autoriza la reparcelación y a mantener en pie ocho de las diez chalés pareados ilegales a través de su transformación en cuatro viviendas aisladas. La denunciante no solo tacha de "aberración urbanística" la propuesta, sino que denuncia que el Concello ha incumplido el procedimiento por no darles audiencia y no dar curso al decreto de 2016. "En año y medio no ha llevado a cabo actividad alguna para dar cumplimiento al decreto que obligaba a Abanca a presentar un proyecto de demolición en tres meses y no constan tampoco la imposición de multas coercitivas", denuncia.

Esta compradora sostiene además que el proyecto de Abanca "no coincide con la realidad urbanística y jurídica" de la parcela; obvia la sentencia que también declaró ilegales los cierres y no tiene en cuenta tampoco los obligatorios retranqueos. Afirma que la solución de crear cuatro viviendas aisladas incumple los códigos de edificación y "supera con creces las características constructivas del entorno".